Se dirá que no son muchos, sólo entre un 1,7 y un 2,7 por ciento del total de los 43.585 trabajadores de las residencias y centros de mayores existentes en Andalucía. Pero estas 662 personas –más de 1.000 según otros cálculos–, atienden diariamente a miles de ancianos andaluces que habitan en residencias y que son población muy sensible a las consecuencias fatales del coronavirus. Es el garbanzo negro de la pandemia en Andalucía que la Junta no puede resolver.
En casi todos los demás elementos de la pandemia, Andalucía progresa adecuadamente en su combate contra la covid. Se está ya por debajo de los mil casos diarios. Cada vez hay menos fallecidos, 15 ayer, por debajo de cifras anteriores. Igualmente en incidencia acumulada Andalucía está en 227,7 casos por cada 100.000 habitantes, más de 80 puntos menos que hace una semana.
También hay 70 pacientes menos hospitalizados por covid respecto a la jornada anterior contabilizando un total de 952. En el caso de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se han registrado 188, 18 menos que los difundidos hace 24 horas. Y así sucesivamente hasta acercarse a la media nacional, sólo un poco más saneada que la andaluza.
Además, y de ello se informa hoy en toda la prensa andaluza, la Junta de Andalucía está ya cerca del fin del proceso de vacunación. El objetivo ahora es vacunar a los menores de 12 años en sus propios centros escolares desde finales de octubre, siempre, claro, con permiso de los padres. Ahora se acelera la vacunación en la población adolescente de 12 a 16 años.
Pero el problema está en las residencias de mayores, en las que ha habido brotes de contagio importantes en el mes de agosto. Ha sido entonces cuando se ha comprobado que entre 662 y 1.009 trabajadores de estos centros, según sea el porcentaje considerado, no se ha querido vacunar aduciendo su derecho constitucional a no hacerlo. Es lo que está provocando la polémica política y judicial.
La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) pedía ayer la vacunación "obligatoria" de "todos los trabajadores" en residencias y el aislamiento de los contagiados en centros adecuados ahora que el número de afectados es "controlable". Según sus datos, un 2,7% de trabajadores en estas instalaciones, un total de 1.009 personas, "no están vacunados por haberse negado". Otros cálculos, como hemos anticipado, reducen este número a los 662.
Europa Press recoge las declaraciones del presidente de la Federación, Martín Durán: "Hay sitios en los que la ley moral y común debe de estar por encima de la legalidad. Además, en otros países se ha obligado a los operarios del sector a vacunarse, así que pedimos lo mismo para Andalucía y España", recordando que esta "vacunación obligatoria" del personal que atiende a los mayores es un consejo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades en su informe de 26 de julio de 2021.
Martín Durán ha criticado las medidas adoptadas por la Junta, como realizar pruebas diagnósticas semanalmente en aquellos trabajadores sociosanitarios y sanitarios que no estén vacunados frente a la covid y evitar la creación de centros de evacuación par contagiados cuyo número se ha elevado a 102, cantidad mucho menor que en diciembre (2.028), pero mayor que en abril (17).
La Junta argumenta que no hay un marco legal adecuado que pueda resolver el problema de los trabajadores de residencias de mayores que tienen trato directo con los residentes y que no quieren vacunarse. Por ello, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno ha pedido, y lo recoge La Razón, "a las autoridades judiciales o al Ministerio" medidas para evitar estas circunstancias porque estos trabajadores han sido "foco" de algunos contagios en residencia y generan "un problema".
Moreno recordó que Francia ha establecido la obligatoriedad de vacunarse a todos los que trabajan con mayores, pero en España no se ha adoptado la misma decisión. Andalucía ya pidió a las autoridades judiciales que, ya que no era posible legalmente obligar a alguien a vacunarse, estos trabajadores tuvieran que someterse a una prueba diagnóstica cada jornada laboral en las residencias de mayores.
El Tribunal Superior de la Junta de Andalucía suspendió cautelarmente, recuerda El Mundo, la orden de la Junta que obligaba a estos trabajadores no vacunados a someterse a mayor cantidad de pruebas diagnósticas para impedir los contagios en las residencias que se han multiplicado por 6 desde abril.
En agosto, murieron 67 mayores con coronavirus en estos centros, diez veces más que en todo el mes de julio. Desde el principio de la pandemia, en las residencias andaluzas de mayores han muerto por covid 2.156 personas y se han contagiado 10.844.
Pero las residencias no pueden ni despedir, ni trasladar ni obligar a hacerse pruebas insistentes a los trabajadores que no quieren vacunarse ni la Junta, ni ningún otro gobierno autonómico, puede legalmente obligarles porque el gobierno de España no ha tomado una decisión como ha hecho el de Francia.