Lo que ocurre en Andalucía es el resultado de muchos años de irresponsabilidad del gobierno de un partido, el PSOE, ayudado más tarde por el PCE e IU, que teniendo la oportunidad en 1982 y durante 36 años de erigir un ejemplo de administración profesional y limpia y valores democráticos respetuosos, edificó un régimen corrupto y partidista con el fin de que la alternancia democrática no tuviera lugar jamás.
Desde el caso Canal Sur (1988) al caso Juan Guerra, desde el caso Ollero al caso de los préstamos impagados por el PSOE a una caja de ahorros, desde la erección de una administración paralela e irregular al caso ERE y otros tanto, desde el caso de Paula Chaves o el caso Cártel del Fuego al caso UGT o a los casos Bernat Soria o FAFFE (2021) gracias a la incansable labor de unos informantes valerosos, a algunos periodistas, a algunos fiscales y jueces y a la pluralidad y libertad de información, la pirámide infecta de poder va siendo conocida y ya veremos si desmontada.
Este viernes saltan a la palestra de la actualidad, el caso del ex ministro y ex alto cargo de la Junta de Andalucía, Bernat Soria y vuelve con potencia el caso FAFFE, adobado hace unos días por la declaración de Carmen Ibanco, esposa del candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ante la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz. A Espadas le crecen los problemas, se resaltó ayer, y le siguen creciendo.
Bernat Soria, despedido procedentemente
El caso de Bernat Socia Escomb ha vuelto a la actualidad porque el Juzgado de lo Social número tres de Sevilla ha desestimado la demanda promovida contra la fundación autonómica Progreso y Salud de la Junta de Andalucía por el que fuera ministro socialista de Sanidad entre 2007 y 2009 por su despido a manos de la misma en 2019 alegando motivos disciplinarios.
Pues ya hay sentencia y el juzgado, recoge Europa Press, ve "plenamente justificado el despido", considerando acreditado que Bernat Soria "incumplió de una manera clara y evidente su compromiso de exclusividad" a cuenta de sus "actividades" paralelas a su contrato con la fundación.
La Junta, por medio de la referida Fundación, dio cuenta de "incumplimientos de las obligaciones laborales y contractuales" por la "relación" de Bernat Soria con la entidad Limerick Strategic Advisors "y también determinados extremos relacionados con las entidades Andalucell, Alirober Consulting y Newbiothecnic", muchas de las cuales fueron denunciadas por Libertad Digital.
Según la Junta, Soria tenía "intereses directos (o incluso indirectos) en sociedades de igual objeto que la fundación que trabajan en actividades de investigación y que tienen domicilios a escasos kilómetros de la primera". Esto es, usaba los medios públicos de la Junta para satisfacer sus intereses empresariales privados.
Por ello, el exministro fue "despedido por transgresión de la buena fe contractual por incumplimiento de la obligación de exclusividad por participar o haber participado en sociedades cuyo objeto coincide con el de la fundación y haber prestado servicios bajo diversas fórmulas para otras mercantiles con intereses económicos y comerciales incompatibles con su posición en la misma, así como por no haber informado de la realización de actividades en determinadas sociedades aunque fueran compatibles".
Además, "no ha quedado acreditado en modo alguno que el señor Soria informara a responsables de la fundación de sus actividades privadas". Por lo tanto, "el engaño o la ocultación, expresión típica de cualquier falsedad, producido en el marco del contrato de trabajo, quiebra la confianza de la empresa en el trabajador, justificándose, de este modo, la decisión extintiva empresarial, por vulneración de la buena fe en estos supuestos".
Y tampoco cumplió su compromiso de exclusividad por el que cobraba una cantidad anual de manos de la Junta. Bernat Soria, según el juzgado, "incumplió de una manera clara y evidente su compromiso de exclusividad", pues por ejemplo, "estando vigente la relación laboral con la Fundación Progreso y Salud, ha sido administrador único de Andalucell, cuyo objeto es el asesoramiento en terapia celular, diseño, construcción y acreditación ante organismos oficiales y privados de salas destinadas al proceso productivo de viales".
Además era "apoderado con amplios poderes de la sociedad Alirober, cuyo objeto social comprendía la consultoría, asesoría y gestión de laboratorios, empresas farmacéuticas y tecnológicas, así como la compraventa de productos sanitarios y tecnológicos y salud electrónica".
Ahora tiene pendiente un juicio sobre la propiedad de las patentes registradas a su paso por la Junta de Andalucía por las que pide una indemnización de 40 millones de euros. Pero este es el segundo juicio que pierde en unos meses lo que parece significar que los argumentos empleados en ambos juicios van a tener un peso decisivo en el próximo.
Dinero público para "orgías" y "vicios"
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado ha elevado al Juzgado de los ERE, antes regentado por Mercedes Alaya y ahora por la juez Núñez Bolaños a través de su juez de apoyo, José Ignacio Vilaplanas, su escrito de conclusiones provisionales de cara al juicio por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE).
En el caso están investigados el exdirector de la entidad Fernando Villén y la exdirectora económica financiera de la misma Ana Valls. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado interesa la apertura de juicio oral contra ambos acusados por un presunto delito continuado de malversación y otro supuesto delito de falsedad en documento oficial continuado cometido por funcionario público. En concreto, resume Europa Press, atribuye a Villén la presunta autoría de tales delitos y a Valls el papel de cooperadora necesaria.
Por eso, pide para el primero seis años de cárcel, seis años de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros, mientras para Valls solicita cuatro años de cárcel, cuatro años de inhabilitación especial y una multa de 6.000 euros. Además, solicita que ambos indemnicen "conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 32.566 euros por las cantidades distraídas".
Pero quizá lo más destacable para los ciudadanos es cómo la Fiscalía califica el comportamiento del socialista gaditano Fernando Villén Rueda, y las palabras que utiliza entre las que hay que subrayar "deseos lúbricos", "vicios" (anota El Mundo) y "orgías", todos pagados con tarjetas black por las que se accedía al dinero destinado, oficialmente, a la lucha contra el desempleo.
Dice la Fiscalía que "con desprecio a los más elementales deberes de su cargo y en detrimento de los fondos que su posición le obligaba a disponer y administrar, satisfacía sus lúbricos deseos en locales de alterne y prostíbulos de la geografía andaluza. En ocasiones llegaba a organizar orgías con terceros no identificados que llegaron a alcanzar una cuantía considerable", avisa la Fiscalía. 32.566 euros, cuenta.
Ya el juez en 2020 había destacado que Villén, "prevaliéndose de su cargo como director" de la FAFFE, "habría venido llevando a cabo una disposición ilícita y continuada de los fondos de la entidad pública, desviándolos de su finalidad (...) para abonar servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas…en connivencia con la directora económica financiera de la FAFFE entre 2004 y 2011.
Además camuflaban los gastos utilizando la caja de la Dirección Económica Financiera de la FAFFE, "simulando supuestas pero en realidad inexistentes reposiciones en metálico de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tal en la contabilidad". Incluso algunos de los gastos no se devolvieron ni camuflaron.
Si a estas y otras circunstancias se une el hecho de que la Fundación FAFFE era el coladero de enchufados del PSOE más grande e impune jamás conocido en España –llegó a tener más de 1.400 empleados contratados sin exigencias y sin respeto alguno por los más mínimos procedimientos legales–, cabe tomar conciencia de la gravedad del comportamiento de un ex presidente socialista de la Junta, José Antonio Griñán, que los blanqueó como empleados públicos de la Junta mediante la famosa Ley del Enchufismo.