El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha vuelto okupar por octava vez desde 2012 una finca en la localidad cordobesa de Palma del Río. El sindicato de extrema izquierda cercano a Podemos había sido desalojado de la finca pública Somonte, propiedad de la Junta de Andalucía, el pasado jueves por sentencia judicial tras más de dos años de okupación continua. El SAT había recurrido esta decisión ante el Tribunal Constitucional.
El portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, en declaraciones a Europa Press confirmó esta okupación tras formar parte de la docena de militantes de dicho sindicato que, sobre las 5,00 horas de la madrugada y tras el referido desalojo del pasado jueves, han vuelto a ocupar la finca, con la finalidad, que ha marcado todas las anteriores okupaciones, de "trabajar y cultivar" estas tierras, "evitar su paso a manos privadas" y que cumplan "una función social: dar trabajo a las personas en paro de la comarca".
De hecho, el sindicato lleva varios años seguidos sembrando y cosechando las 400 hectáreas de Somonte, principalmente cultivos de secano, sobre todo cereales, "y sin las ayudas de la PAC", con lo que los jornaleros consiguen "lo comido por lo servido", insistiendo desde el SAT en que no quieren la propiedad de la finca, siendo su objetivo el que "la tierra cumpla una función social, queremos que siga siendo pública, pero que nos la cedan para poder explotarla y dar trabajo".
Con esa cesión de uso, según ha venido defendiendo el SAT, "se podría invertir en regadío y sembrar cultivos sociales ecológicos, que necesitan mucha mano de obra y darían muchas peonadas en la comarca, mitigando los altos índices de desempleo".
La primera okupación en marzo de 2012
Las diferentes okupaciones de Somonte han concluido todas, hasta ahora, con desalojos efectuados por la Guardia Civil en aplicación de resoluciones judiciales. Así ha sido desde que unos 500 jornaleros y afiliados del SAT okuparon la finca por primera vez en marzo de 2012. Al poco de okuparla fue desalojada sin incidentes, pero de nuevo fue okupada a las horas con más jornaleros que llegaron desde diversos puntos de Andalucía, y así hasta ocho veces.
En este último caso, los militantes de extrema izquierda han sido ya "identificados" por la Guardia Civil y, según ha señalado Óscar Reina, ignoran si serán desalojados nuevamente o no, si bien los agentes mantienen cortado el acceso a la finca y "nadie puede entrar", como han comprobado familiares de los ocupantes que han intentado llevarles "agua y comida".
En concreto y según han precisado a Europa Press fuentes cercanas al caso, los actuales miembros del SAT que han okupado la finca Somonte han accedido con autorización judicial, en concreto una familia de las que participó en la anterior ocupación, para recoger sus enseres, y lo ha hecho acompañada de algunos miembros del SAT. Tras entrar, estas personas han decidido quedarse dentro, al tiempo que en el exterior permanecen agentes de la Guardia Civil, que habían acudido ante el mandato de la autoridad judicial para que accediera la citada familia.
Jornaleros absueltos y condenados
Cabe recordar, respecto a las consecuencias de anteriores okupaciones, que ocho miembros del SAT fueron juzgados y absueltos en 2017 por una de las okupaciones, a la vez que el juzgado también absolvió a principios de 2018 a otras 48 personas denunciadas por la okupación de la finca pública de Somonte.
El juez absolvió a los procesados en base a que "el delito de okupación implica la voluntad o el ánimo de permanencia y no se ha podido acreditar que las 48 personas tuvieran ese ánimo de permanencia, porque han sido identificados en ocasiones muy puntuales", prevaleciendo en este caso la presunción de inocencia, según apuntaron fuentes judiciales.
La situación cambió con la última okupación, iniciada en agosto de 2019 y concluida con el mencionado desalojo del pasado jueves, ya que, según ha explicado el portavoz del SAT, Óscar Reina, "la Junta no denunció a todos los ocupantes", como en anteriores ocasiones, sino al SAT, como persona jurídica, y a dos de sus dirigentes, siendo Reina uno de ellos.
La sentencia en esta última ocasión resultó desfavorable para el SAT, siendo condenados "a devolver la posesión de la finca a la Junta de Andalucía", pero como no lo hicieron voluntariamente, "se ejecutó su desalojo el pasado jueves", a pesar de que "estaba previsto para febrero de 2022". Sin embargo, el juzgado estimó la petición de la Junta de que se adelantara para así poder labrar la tierra y optar a ayudas de la PAC, algo que para el SAT no es justificación, pues la finca viene siendo okupada y cultivada "desde hace casi diez años", con lo que "no tiene sentido alegar ahora" la posible pérdida de subvenciones europeas.