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Andalucía

Cárcel para el exconsejero socialista de Empleo y para el ex director general por el caso de los ERE

La Audiencia de Sevilla ha resuelto el juicio de esta pieza separada del caso de los ERE condenando a prisión a dos altos cargos del PSOE andaluz.

LD/Agencias
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La Audiencia de Sevilla ha resuelto el juicio de esta pieza separada del caso de los ERE condenando a prisión a dos altos cargos del PSOE andaluz.
El exconsejero socialista condenado, Antonio Fernández. | Eduardo Briones / Europa Press

Una de las piezas separadas de la macro causa sobre los ERE fraudulentos que se concedieron durante los gobiernos de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la Junta de Andalucía ya ha sido vista para sentencia. Se trata de la que corresponde a las subvenciones que recibió la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla juzgó esta pieza del caso de los ERE entre septiembre y diciembre de 2020 y según afirma la sentencia de 332 páginas difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se condena al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, como autor de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, y le impone siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años y 15 días. Por contra, lo absuelve de un delito de tráfico de influencias.

El exconsejero de Manuel Chaves ya fue condenado a siete años, once meses y un día de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta en la sentencia relativa al "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizados los fondos para los ERE y ayudas investigadas.

También ha sido condenado el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, como autor de un delito de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación, y le impone cuatro años y un día de cárcel y diez años y un día de inhabilitación absoluta; pesando ya sobre él una pena de siete años de cárcel y 18 años de inhabilitación por la citada sentencia del "procedimiento específico".

En la sentencia recogida por Europa Press se destaca que por otro lado la Audiencia de Sevilla ha absuelto al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá de delitos de prevaricación y falsedad; al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera de delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y al ex director general de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano de los delitos de malversación y prevaricación de los que fueron acusados, declarando asimismo extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y de otro encausado que fue incluido como 'intruso' en el ERE de Acyco, en concreto Andrés Carrasco Muñoz.

Otros condenados no pertenecientes a la Junta

La Audiencia de Sevilla ha condenado también a cinco años de cárcel y siete años de inhabilitación a la que fuera presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto; y al abogado José Miguel Caballero, como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de malversación, mismos delitos por los que condena a tres años, seis meses y un día de prisión y a cinco años de inhabilitación absoluta al exdirector de Recursos Humanos y abogado de Acyco, Gabriel Barrero.

El director de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín, también ha resultado condenado como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial, con un delito continuado de malversación de caudales públicos, a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación absoluta. Mientras, el que fue consultor de Vitalia en Sevilla, Jesús Bordallo, es condenado como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos a dos años de cárcel y cinco de inhabilitación absoluta.

El exconsejero socialista Antonio Fernández tendrá que indemnizar solidariamente a la Junta de Andalucía, con los demás condenados, por una cuantía de 2.951.410,84 euros, cuantía igualmente impuesta a José Miguel Caballero y Gabriel Barrero; mientras esta responsabilidad civil se eleva a 3.033.625,84 euros en el caso de Encarnación Poto y Albarracín, y se reduce a 223.052,91 en el caso de Jesús Bordallo.

El tribunal declara como responsable civil subsidiario a la entidad DCOOP respecto de la indemnización a la Junta de Andalucía a la que han sido condenados Encarnación Poto y Gabriel Barrero; declarando responsable civil subsidiario al despacho profesional A&J Garrigues respecto de la indemnización a la Junta impuesta a José Miguel Caballero.

Según la sentencia Encarnación Poto, como presidenta del consejo de administración de Acyco, mantuvo contactos y reuniones junto con el responsable de recursos humanos, Gabriel Barrero, y el abogado José Miguel Caballero, a fin de obtener el respaldo económico de la Junta para sufragar un ERE de 35 puestos de empleo, con el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, obteniendo de éste la suscripción de un documento de fecha 8 de mayo de 2003 que reflejaba el compromiso adquirido.

Los "intrusos" de los ERE

La Dirección General de Trabajo de la Junta socialista de Andalucía se comprometió a sufragar el coste de una póliza cuyo importe al contado ascendía a 2.832.482,52 euros y coste aplazado de 2.951.413,84 euros, siendo los beneficiarios 36 personas, "entre los que no aparecía" la presidenta del consejo de administración "pero sí dos personas que nunca habían pertenecido a Acyco", en concreto Andrés Carrasco, natural de El Pedroso (Sevilla), localidad otrora gobernada por Francisco Javier Guerrero, y el exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez.

La Audiencia subraya que la inclusión de estas dos personas como beneficiarias se debió "exclusivamente" a las relaciones personales que tenían con Guerrero, "quien dio la orden para que resultaran beneficiarios de la póliza" y que tal extremo era conocido por los responsables de Vitalia condenados en esta sentencia. Estas pólizas "fueron aceptadas y asumidas" por Francisco Javier Guerrero "con consentimiento y autorización" del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, según la sentencia.

El pago de estas pólizas "se autorizó" por el director general de Trabajo Juan Márquez "sin que existiera previa solicitud formal de la ayuda por parte de Acyco ni se dictara resolución alguna que justificara la subvención que se otorgaba a Acyco y a los dos intrusos, evidenciando la connivencia existente entre los acusados para obtener un beneficio económico a costa del erario público, asumiéndose por la Dirección de Trabajo unos compromisos que correspondían a la empresa beneficiada, y unos gastos de adquisición (comisiones a la mediadora) que no tenía por qué haber asumido, además de ser superiores a la media del sector asegurador de vida". Del mismo modo, la sentencia detalla que Encarnación Poto fue incluida en una póliza "con posterioridad a la fecha de la suscripción (de la ayuda) sin justificación".

Los condenados incurrieron en un delito de prevaricación por "haber sido otorgadas ayudas socio-laborales sin previa solicitud formal de la empresa beneficiada y sin instrucción de expediente y resolución escrita, instrumentadas mediante la financiación con fondos públicos de pólizas de renta colectiva de prejubilaciones derivadas de la reestructuración de la plantilla de Acyco, con introducción de dos personas ajenas a dicha plantilla (intrusos)", y por la suscripción de una adenda al convenio de febrero de 2004 para abono del supuesto adelanto efectuado por siete socios de Acyco para el pago de las pólizas de prejubilación, justificando su abono mediante la presentación de una factura falsa que incluía el pago de un IVA no soportado (243.600 euros)".

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