La mujer del secretario general del PSOE y candidato a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha sido una de las ochenta y cuatro personas citadas a declarar ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por las presuntas contrataciones irregulares en la extinta fundación de empleo Faffe. Concretamente ha sido esta semana cuando Carmen Ibanco ha sido llamada para dar cuenta ante la autoridad policial de su contratación en el año 2007 en este organismo, al que accedió como técnico nivel E días antes de que se cerrara el plazo de inscripción de candidaturas y cuando su marido era viceconsejero en la administración del socialista José Antonio Griñán.
Actualmente Ibanco, que es psicóloga de profesión, sigue manteniendo su puesto como técnico en la Consejería de Empleo de la Junta con un sueldo bruto de 1.800 euros mensuales, ya que por orden judicial en 2011 todos los trabajadores de la extinta fundación, que dependía directamente de la consejería, se integraron en el Servicio Andaluz de Empleo.
La mujer de Espadas siempre ha defendido que su contratación se llevó a cabo por los cauces legales. En su momento, y cuando tuvo que comparecer en el pasado mes de septiembre en una comisión de investigación en el Parlamento Andaluz a petición de Ciudadanos y VOX (con el apoyo del PP), Ibanco sostuvo que su perfil se adecuaba a la candidatura que figuraba en el diario El País, aunque tuvo serias dificultades para explicar el trabajo que desempeñaba y los programas informáticos que utilizaba.
También aseguró que había cursado la petición de empleo por correo electrónico cuando el anuncio al que hizo referencia no daba tal opción. De hecho, y según ha desvelado El Confidencial, Ibanco, en un intento para salir indemne, ha contraatacado presentando un escrito en la causa en el que pide personarse "en orden al ejercicio de su derecho de defensa". Además, se ha negado a declarar ante la Guardia Civil.
Vox, acusación popular
Una causa judicial que se inició por una denuncia del Sindicato de Funcionarios y que cuenta con dos líneas de investigación: una sobre el presunto enchufismo; y otra sobre presunta malversación de caudales públicos, que afecta directamente al que fuera presidente de la Faffe, Fernando Villén, acusado de utilizar el dinero público para fiestas y prostíbulos. La investigación, que ha terminado por indagar la contratación de la que fuera "primera dama" de Sevilla, se ha llevado a cabo gracias a la actuación en el caso de Vox, que desde abril del pasado año ejerce de acusación popular.
Ahora el portavoz de la formación en el Parlamento, Manuel Gavira, denuncia que el actual "Gobierno del cambio", está poniendo palos en las ruedas a la investigación, ya que desde San Telmo han declinado que se analice el millar de contratos que en su día se realizaron en la Faffe y que actualmente forman parte de la administración pública.
La Junta ha presentado un recurso contra la orden judicial que pide al Servicio Andaluz de Empleo entregar las bases reguladoras de los puestos de directivos y técnicos de nivel E. Por ello cuestiona Gavira la actuación del Partido Popular, asegura que hay "un pacto oculto entre Espadas y Juanma Moreno" y que desde su partido quieren "transparencia y que se conozca toda la verdad en un claro caso de corrupción y enchufismo".