El pasado miércoles comenzó en Sevilla el tercer juicio de la macrocausa de los ERE en el que se juzga la pieza sobre las ayudas a las empresas del sector del corcho en el que está involucrado el exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla.
En esta pieza separada se juzgan las subvenciones concedidas entre 2001 y 2007 con un importe de 8.408.096,42 euros a las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera. Según la investigación a la que ha tenido acceso Europa Press se dieron esas ayudas "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria".
Los acusados son el exalcalde socialista de Cazalla, Ángel Rodríguez de la Borbolla, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.
Todos se han declarado "inocentes" de los cargos que se les atribuyen y expresaron en el juicio su deseo de prestar declaración como encartados tras la celebración de las pruebas testificales y periciales y optando por no asistir a las sesiones de la vista que consideren oportunas. En este sentido, en la fase de cuestiones previas, el tribunal ha accedido a la petición de alterar el cronograma inicial del juicio, al objeto de permitir a petición de las defensas que los acusados pudiesen prestar declaración después de la práctica de las pruebas testificales y periciales previstas, pues según el tribunal ello implica "mayor garantía en el derecho de defensa" y la "decimonónica" Ley de Enjuiciamiento Criminal "no lo impide".
El tribunal también ha accedido a que los acusados puedan ausentarse de determinadas sesiones del juicio, que se prolongará hasta mayo según lo previsto, por motivos acreditados y siempre que ellos mismos manifiesten no ver mermado su derecho de defensa. En paralelo, y en el marco de las cuestiones previas, el tribunal ha accedido a que testifiquen "como testigos con garantías de defensa", acompañados de sus abogados, los exconsejeros socialistas de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, quienes están llamados a comparecer el día 5 de abril.
Al figurar como encausados en la pieza principal del "procedimiento específico" por el que eran canalizadas las ayudas tanto Viera como Fernández el magistrado José Ignacio Vilaplana determinó en 2019 que es imposible "depurar responsabilidad penal ni continuar el procedimiento" contra los exconsejeros socialistas.
Estos consejeros de la Junta socialista "ya habrían sido encausados por la perpetración de aquellos (hechos) en la causa del denominado procedimiento específico", siguiendo así "el criterio a tal efecto establecido" por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial "que confirma la exclusión de la presente causa de los anteriormente citados", en alusión al principio 'non bis in ídem', por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.
"Esquizofrenia procesal"
El tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha señalado la "esquizofrenia procesal generada" por la comparecencia como testigos de personas afectadas "como investigados o acusados" en otro procedimiento judicial relacionado con los hechos ahora sometidos a juicio. En este sentido, el presidente del tribunal ha recordado que "lo que manifiesten como testigos no puede ser usado en su contra".
A principio del mes de mayo, los días 4 y 5, el Tribunal Supremo tiene fijada la vista en la que se revisarán los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla relativa al "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizadas las ayudas.