Esta semana se ha reanudado el tercer juicio del caso de los ERE fraudulentos por el que fueron dilapidados millones de euros de dinero público durante los mandatos de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En este juicio, que se celebra en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, se investigan las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros que se dieron desde la Junta de Andalucía a distintas empresas del sector del corcho y en la que está involucrado el hermano del expresidente socialista andaluz José Rodríguez de la Borbolla, entre otros.
Además de Ángel Rodríguez de la Borbolla, que también fue alcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE, como socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E..
En la tercera sesión del juicio ha comparecido un investigador de la Guardia Civil que ha ratificado el "amplio" atestado y ha explicado que las "conclusiones" del informe del Instituto Armado apuntan a que en las ayudas autonómicas investigadas "subyace un trato de favor hacia empresarios de la Sierra Norte de Sevilla".
Según este agente de la Guardia Civil "el objeto" de estas ayudas "no estaba especificado" y ha contado que incurrían en aspectos "falsos", sin memoria justificativa, plan de pagos o proyecto de viabilidad y cuya aplicación "no generaba empleo". Ha insistido en que estas ayudas se concentraban en la "comarca concreta" de la Sierra Norte de Sevilla.
Los acusados "debían conocer ese trato de favor" y expuso que Ángel Rodríguez de la Borbolla, a la hora de declarar, alegó con relación a las ayudas que la Administración andaluza no le reclamaba "mayor justificación" sobre el destino final de los fondos.
Este investigador ha explicado que en toda Andalucía, las subvenciones de la Junta con relación al sector del corcho fueron destinadas "sólo a empresas relacionadas con la Sierra Norte" salvo en un caso, que de todos modos se trataba de una sociedad "que tenía vinculación" con el acusado Ángel Rodríguez de la Borbolla.
El papel de Rodríguez de la Borbolla
El agente de la Guardia Civil señaló el "papel preponderante" en los hechos investigados de Ángel Rodríguez de la Borbolla al contar con "participación" societaria en todas las empresas indagadas, figurar como "autorizado" en todas las cuentas bancarias y ser, además, quien se encargaba del "contacto" con los responsables de la Administración andaluza para las subvenciones cosechadas.
Ha señalado también que las ayudas destinadas a incentivar la fusión entre Cortansa y Corchos de Cazalla fueron unas subvenciones concedidas "muchas veces" pese a que tales sociedades no se fusionaban y "nunca" llegaron a hacerlo. Según este investigador, se trataría de ayudas "pactadas de antemano" que constituían "más bien una entrega patrimonial de fondos públicos".
El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que solicita para Rodríguez de la Borbolla la pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Rogelio B.M., Fernando Pedro M.O. y Sotero Martín, y cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para Gerardo C.E., así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.