La trama de corrupción de la administración socialista de la Junta de Andalucía con casos como el de los ERE fraudulentos o los de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) amenaza con complicar la campaña al candidato del PSOE a las elecciones andaluzas, Juan Espadas.
Aunque desde el Tribunal Supremo se intente no interferir en la campaña aplazando su decisión sobre la sentencia de los ERE que afecta a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el caso de la Faffe seguirá dando titulares por la sesión que se tiene que celebrar en el Parlamento de Andalucía para tratar las conclusiones de la Comisión sobre la Faffe.
Sin embargo, también habrá escaparate judicial sobre este caso a pocos días de que probablemente Juanma Moreno convoque las elecciones en la región porque el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha emitido un nuevo auto sobre los pagos en clubes de alterne con dinero público proveniente de la Faffe.
Están siendo investigados el exdirector de la Faffe y alto cargo de la administración socialista, Fernando Villén, y la ex directora económica de la misma, Ana Valls. Se ha acordado la apertura de juicio oral contra ambos por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.
En el auto, recogido por Europa Press, el magistrado José Ignacio Vilaplana relata que Fernando Villén, "prevaliéndose de su cargo como director técnico" de la Faffe, "habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación".
Según el juez, el alto cargo socialista "habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe". Para tratar de "ocultar la ilícita disposición de fondos públicos", el investigado, "en connivencia" con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, "habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado", de forma que, "en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad".
Simulando reintegros
En el auto, el magistrado señala que "a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la Caja Central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad".
Advierte el juez que "de este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos 'ingreso F.V.' y 'devolución Visa F.V.’".
Por este motivo, el juez analiza en el auto cada una de las operativas realizadas y la correspondiente justificación y anotación contable de las mismas. Además, señala que la acusada "habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado" el otro investigado, "pudiendo así haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe" para que el acusado "llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos".
Una "mecánica delictiva"
Sobre Ana Valls destaca que "en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada".
Esto permite al juez decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-, siendo el órgano competente para enjuiciar los hechos el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Sevilla.
Seis años de cárcel para Villén
El exalto cargo socialista se enfrenta a una condena posible de seis años de cárcel que es lo que pide la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Para Ana Valls las penas serían de cuatro años.
Villén también figura como investigado en la pieza que corresponde a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres García, de manera "injusta y arbitraria", de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola "afinidad y vinculación personal y política" entre ambos; siendo además investigado por la "contratación irregular, injusta y arbitraria" del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.