La candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha presentado este lunes en la comandancia de la Guardia Civil de Salobreña una denuncia contra la alcaldesa socialista María Eugenia Rufino González por un presunto delito de prevaricación administrativa y la vulneración del derecho a voto y la libertad de residencia, ambos reconocidos en la Constitución española.
Con esta denuncia, la candidata de Vox "demuestra que no va a dejar sin respuesta las actuaciones caciquiles del Gobierno contra su persona y su formación política, para centrarse a partir de ahora en los problemas que realmente interesan a los andaluces", señala la formación en un comunicado.
En el escrito presentado se realiza una descripción de cómo "se ha vulnerado la privacidad" de Macarena Olona, "a pesar de vivir con escolta permanente por encontrarse amenazada de muerte por su actividad política". Denuncian también que este aspecto "no ha importado ni al Ayuntamiento de Salobreña, ni a su alcaldesa, quienes han actuado movidos por intereses políticos".
Según ha avanzado Libertad Digital, el Ayuntamiento de Salobreña dio un plazo de 24 horas a la Policía Local de Granada para elaborar un informe destinado a constatar si Macarena Olona vivía en la vivienda en la que estaba empadronada. Si no era así, se daría de baja su padrón. El ayuntamiento finalmente manipuló ese informe no concluyente para eliminar a la candidata del padrón.
Precisamente en la denuncia se deja constar que la alcaldesa "ha utilizado torticeramente las Instituciones y potestades públicas municipales, perjudicando gravemente la imagen,
la honorabilidad y la candidatura de la denunciante".
También la acusan de "tratar de privar a la denunciante de un derecho fundamental, su derecho de voto, reconocido en el artículo 23 de la Constitución española", dado que la baja en el padrón municipal comportaría la imposibilidad de participar con su voto en las próximas elecciones autonómicas andaluzas. Además, también quedaría restringido "su derecho fundamental a la libertad de residencia", denuncia la formación.
Vox ha recordado la resolución publicada este mismo lunes por la Junta Electoral Provincial, que indica la absoluta legalidad de la actuación de la candidata. También insisten en que la alcaldesa "no puede excusarse en el desconocimiento de la normativa aplicable a la regulación del empadronamiento, y protección de datos, que supone una flagrante infracción de normas de seguridad que pone en serio peligro la seguridad personal de la candidata".