La corrupción sigue sin dar tregua al socialismo andaluz. En plena campaña electoral para las elecciones autonómicas del 19 de junio, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado al socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta de Andalucía (José García de la Borbolla), por las ayudas a las empresas del corcho en la Sierra Norte de Sevilla. Se trata de la tercera pieza separada de la macrocausa de los ERE, que en su llamada "pieza política" condenó, entre otros, a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Rodríguez de la Borbolla, en calidad de socio mayoritario, administrador único o apoderado de cinco empresas del corcho, recibió ayudas por valor de 8.408.096,42 euros entre 2001 y 2007 con cargo de una partida de los presupuestos de la Junta de Andalucía que fue denominada "fondo de reptiles". Ahora la justica dictamina que esas ayudas se dieron "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria".
Por ello, el exdirigente socialista recibe una pena de un año y medio de cárcel. La Audiencia le señala como responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro delito continuado de malversación de fondos públicos. Además, está obligado a devolver a la administración andaluza el importe defraudado con intereses, y recibe una inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación absoluta por tres años y un día.
Los otros acusados, absueltos
Cabe destacar que han resultado absueltos los otros cuatro acusados en esta causa: el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.
Por otro lado, Rodríguez de la Borbolla tan sólo ha sido condenado a un año y medio de cárcel porque la justicia ha apreciado como atenuante las dilaciones indebidas en esta causa. Además, la sentencia notificada este jueves a las partes no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En cualquier caso, la Audiencia Provincial considera probado que el hermano del expresidente del Ejecutivo andaluz "controlaba y dirigía, al menos desde comienzos de los años 2000, un grupo de empresas conectadas geográficamente en la Sierra Norte, dedicadas al sector del corcho en sus distintos ámbitos productivos y de negocio".
Siendo socio mayoritario de las sociedades, que "atravesaban una mala situación económica que las abocaba al cierre y liquidación", Rodríguez de la Borbolla -en su calidad de político- fue conocedor de que la Consejería de Empleo otorgaba ayudas y subvenciones a fondo perdido. Y, aprovechando sus contactos en el PSOE, inició una serie de contactos con los responsables de dicha Consejería para obtener fondos públicos.
En el auto, la justicia asevera que el exalcalde de Cazalla, por indicación del consejero de Empleo y su viceconsejero, recurrió al director general de Trabajo y Seguridad Social. Por la intermediación de éste último "acabó obteniendo las numerosas ayudas por elevados importes". Siendo consciente Rodríguez de la Borbolla que "no se habían anunciado ni publicitado en lugar alguno, lo que impedía a otras empresas concurrir".
El dinero se otorgaba tras simples conversaciones
Añade el texto que el dinero se otorgaba "tras simples conversaciones y en cantidades a tanto alzado, sin llegar a presentar siquiera una solicitud formal ni aportar documentación mínimamente seria sobre la situación económica de las empresas". Sin aportar tampoco "cuentas auditadas y depositadas en el Registro Mercantil (...) ni un auténtico proyecto que garantizara el adecuado uso de esos fondos para la supervivencia de las empresas y la salvaguarda de los puestos de trabajo".