Mientras la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía y el PSOE, José Antonio Griñán, intenta posponer su entrada en prisión para cumplir la sentencia del caso de los ERE fraudulentos por motivos de salud dos de los exconsejeros socialistas condenados ya han cumplido el plazo de diez días que dio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y han entrado en la cárcel: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.
Fernández ha apurado hasta el último momento para cumplir el plazo, la noche del 1 de enero, para empezar a cumplir la pena de siete años, once meses y un día de prisión. Por su parte, Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión, entró el pasado miércoles en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
El resto de los condenados no se han presentado de manera voluntaria en prisión al expirar el plazo de diez días, como exigía el TSJA. Éstos son el propio Griñán, que espera que se resuelva el suplicatorio de su defensa por su estado de salud, y el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, condenado también a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.
El estado de salud del expresidente Griñán
La defensa de José Antonio Griñán alegó que al mismo le ha sido diagnosticada recientemente una enfermedad grave sobrevenida, solicitando de nuevo la suspensión del plazo de ingreso en prisión respecto a este encartado, con arreglo a tal motivo. Hasta que un forense del Instituto de Medicina Legal examine la documentación médica aportada y haga un reconocimiento a Griñán no se tomará una decisión sobre el expresidente socialista andaluz.
El pasado 23 de diciembre la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ya desestimó los recursos de súplica de los condenados que alegaban las solicitudes de indulto parcial elevadas por los condenados al Ministerio de Justicia y los incidentes de nulidad planteados ante el Tribunal Supremo como motivos para suspender la entrada en prisión. La defensa de Griñán en concreto, solicitaba una ampliación de "tres meses" en el plazo de diez días fijado para su ingreso voluntario en prisión, para "evitar un cumplimiento (de la pena de cárcel) que pudiera ser fallido, indebido innecesario o improcedente". "Porque lo que es innegable es que si fuera concedido el indulto parcial o estimada la cuestión de nulidad por la que se interesa la reducción de la pena a dos años, el ingreso en prisión que se ordena resultaría fallido, indebido o improcedente, es decir, innecesario", señaló.