La Consejería de Salud se encuentra en el ojo del huracán desde que este lunes la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, pusiera en el foco una nueva orden de precios máximos para los conciertos sanitarios. Desde entonces, la Junta ha defendido que el objetivo de este documento no es privatizar el sistema de salud andaluz, sino que responde a la necesidad de modernizar la orden vigente hasta ahora, aprobada en 1998.
El discurso de la Junta se centra en la necesidad de establecer un marco normativo para que, en el caso que haya que recurrir a la sanidad privada, "lo haremos en precios tasados". Así lo expresó el consejero portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que aseguró que "el Gobierno de Juanma Moreno jamás ha desviado pacientes, ni en esta legislatura ni en la anterior". Sin embargo, la actualidad parlamentaria continúa centrada en la posibilidad planteada por la izquierda de que la sanidad andaluza se privatice. Este miércoles, durante la comisión de Salud, Por Andalucía aseguró que esta orden era el primer paso en el "camino de Madrid", esto es, un modelo de sanidad mixta.
Y es que desde que se politizó esta orden de precios, los grupos andaluces de izquierdas (PSOE, Por Andalucía, y Adelante Andalucía) mantienen que el objetivo último de la Junta es privatizar la atención sanitaria. Durante esa misma comisión parlamentaria, la portavoz socialista María Ángeles Prieto aseguraba que el cometido de la consejería de Salud es "empobrecer la sanidad pública para favorecer los intereses privados".
La izquierda no alegó al borrador
Ante dichas acusaciones, la consejera del ramo, Catalina García, sentenció de manera contundente que el Gobierno de Juanma Moreno "no va a privatizar nada". Renglón seguido, García se refirió a la orden de precios vigente hasta ahora, aprobada durante el Gobierno del socialista Rodríguez de la Borbolla, y que regula los precios de servicios como atención hospitalaria, intervenciones quirúrgicas, o las estancias en centros de desintoxicación.
El borrador que ha originado este debate tiene la función, según la Junta, de actualizar la orden de 1998 para, entre otras cosas, incorporar nuevos servicios, "como salud mental, radioterapia, o hemodiálisis". Por ello, la consejera de Salud cuestiona las intenciones del Partido Socialista cuando aprobó el primer documento: "¿querían ustedes privatizar la sanidad pública entonces? Entiendo que no".
Del mismo modo, Catalina García afea a los grupos de izquierdas que critiquen el documento cuando, en el momento en el que pudieron presentar alegaciones, no lo hicieron. Según ha detallado la consejera, la orden se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 27 de julio, momento en el que se exponía a las aportaciones de la ciudadanía. No obstante, ni partidos ni sindicatos alegaron "al fondo" de su contenido durante el mes que estuvo en periodo de información pública, ya que solo Comisiones Obreras solicitó "lenguaje no sexista", explica García.