La relación entre los funcionarios de prisiones y el Ministerio del Interior hace varios años que no están en su mejor momento. Acusan al Gobierno de haberles abandonado y dejado a su suerte. De no hacer nada por mejorar las difíciles condiciones de trabajo a las que se enfrentan día a día. Un hecho que, por otra parte, no es algo nuevo en el departamento de Fernando Grande Marlaska, que también mantiene conflictos abiertos con los policías nacionales y guardias civiles.
La pasada semana, los dos principales sindicatos de prisiones, ACAIP-UGT y CCOO, denunciaron el incumplimiento del acuerdo Marco por una administración del siglo XXI y anunciaron posibles movilizaciones si la Administración no cumple con los compromisos adquiridos con el personal penitenciario de modernizar la Institución Penitenciaria y revisar la actual clasificación de centros penitenciarios para adecuarla a las necesidades actuales.
Además, llevan meses denunciando que "el buenismo del Gobierno pone en riesgo la vida" de los funcionarios de prisiones, porque se les ha quitado todo tipo de autoridad y se están produciendo agresiones a los trabajadores cada 36 horas. Exigen desde hace tiempo que el Ministerio del Interior les reconozca como agentes de la autoridad y que, incluso, se les permita utilizar pistolas eléctricas o táser para reducir a los presos más conflictivos sin poner en riesgo sus vidas.
El último ejemplo de esta situación ha tenido lugar en las últimas horas en el Centro Penitenciario de Algeciras-Botafuegos (Cádiz). Los grupos de narcos están tratando de intimidar a los funcionarios para que concedan privilegios a los miembros de sus bandas que están en la cárcel. Ante esta situación, el director de la prisión salió en los medios de comunicación locales cerrando filas y respaldando a sus empleados.
La reacción del Ministerio del Interior de Marlaska y de su Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha sido contundente. Comunicar por teléfono al director del centro, Francisco Márquez Salaverri, su destitución por "pérdida de confianza". Le quita del puesto que llevaba ocupando desde hace 17 años para enviarlo como director de programas al Centro de Inserción Social Manuel Montesinos (CIS), también en Algeciras.
Este lunes se ha conocido cómo ha sido la despedida que los funcionarios de la cárcel de Algeciras han dado a Márquez Salaverri cuando ha abandonado por última vez las instalaciones del centro. Centenares de trabajadores le han hecho un pasillo y le han vitoreado y aplaudido mientras abandonaba la cárcel. El Ministerio del Interior de Marlaska ya no confía en él, pero sus trabajadores, con los que lleva 17 años, parece que sí.
Desde la sección de Prisiones del sindicato CSIF han explicado a Libertad Digital que el director destituido, Francisco Márquez Salaverri, "es una persona muy querida de la plantilla" que "venía de abajo, de los de toda la vida", es decir, que empezó desde la base y que ha ido ascendiendo durante años a base de esfuerzo y buen trabajo.
En esta línea, han denunciado que su cese "es porque se ha expuesto dando la cara" por los funcionarios de la prisión que dirigía y han insistido en que "denunciar la situación -en alusión a las campañas de acoso que han emprendido los narcotraficantes contra los funcionarios de prisiones- no quiere decir que seas mejor o peor servidor público".
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