El objetivo de la trama de compra de votos de Mojácar, en Almería, era poder tomar el control de un ayuntamiento que el PP gobierna hasta ahora con mayoría absoluta. Esos son los datos que manejan en estos momentos los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ayer miércoles llevaron a cabo una operación que concluyó con siete detenidos en una localidad con especial simbolismo en la calle Ferraz de Madrid, sede central del PSOE.
Para conseguir este fin se habían propuesto comprar hasta 500 votos, que consideraban suficientes para darle la vuelta a la situación. De hecho, fueron exactamente 547 sufragios de diferencia los que hubo en las elecciones municipales de 2019 entre la candidatura de populares y la de los socialistas. La erosión de cuatro años de gobierno debía hacer el resto para que la lista del PSOE tomase el control del consistorio almeriense.
La trama, que según las primeras pesquisas estaba liderada por Francisco Bartolomé Torres Flores y Cristóbal Vizcaíno González, números 2 y 5 de la candidatura socialista, centró la búsqueda de los posibles candidatos a vender su voto entre la comunidad hispanoamericana menos pudiente del municipio, entre aquellos que según los acuerdos internacionales provienen de países que pueden votar en las elecciones municipales.
Exactamente, según la ley, son los originarios de 13 países extracomunitarios los que pueden votar en estos comicios: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Los investigadores detectaron compra de votos a ciudadanos de Paraguay, Colombia y Ecuador que residen actualmente en el municipio, además de al menos seis votantes que son españoles de origen.
El precio por el que se compraba cada sufragio rondaba los 100 euros, aunque había más. Los datos que se conocen en estos momentos indican que la red prometió a los ciudadanos que vendían su voto que serían contratados por el consistorio en el caso de que los socialistas consiguiesen arrebatar la alcaldía a los populares. Es decir, se ofrecía empleo público a cambio de vender el voto.
Durante los registros que se llevaron a cabo durante la operación, los agentes de la Guardia Civil se incautaron de votos por correo y de listas censales en las que estaban marcados los nombres de algunos ciudadanos. Precisamente, fue uno de los ciudadanos contactados el que denunció en la Comandancia del Instituto Armado de Almería que se le había ofrecido dinero a cambio de su voto en las elecciones de este domingo 28 de mayo.