La Guardia Civil ha comunicado a la alcaldesa en funciones de Maracena, Berta Linares, la apertura de diligencias para investigar la presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento del municipio que fue denunciada por la concejal Vanessa Romero tras ser secuestrada, en el mes de febrero, por el que fuera pareja de la primera edil -Pedro G.-, que se encuentra en prisión provisional desde entonces.
Cabe recordar que el autor material del rapto aseguró haber sido inducido a cometer el rapto por tres compañeros de partido de la víctima: la propia Linares, que era su compañera sentimental en el momento de los hechos; el edil de Urbanismo, Antonio García Leyva; y el diputado autonómico Noel López, que -además de ser exsecretario de organización del PSOE-A y exmano derecha de Juan Espadas- es primo hermano y mentor de Berta.
Las nuevas actuaciones han sido ordenadas por el titular del juzgado de Instrucción nº5 de Granada, Josep Solá, quien elevó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la causa abierta por el secuestro de Romero, dada la presunta implicación de un aforado (el diputado autonómico del PSOE-A Noel López) como inductor de un delito de detención ilegal junto a la alcaldesa y el edil de Urbanismo del municipio granadino (Berta Linares y Antonio García Leyva, respectivamente).
En el auto que envió el 25 de mayo al TSJA, el juez ya señalaba que era oportuno que se tramitase "en procedimiento separado la presunta comisión de hechos penalmente relevantes derivados de los documentos intervenidos en la presente causa correspondientes a expedientes administrativos del Ayuntamiento de Maracena".
Así lo consideraba una vez "visto el resultado del oficio policial presentado el 23/05/2023" en relación "a los documentos intervenidos en el maletero de la víctima relativos a expedientes de Urbanismo del Ayuntamiento de Maracena" y "atendido el informe del Ministerio Fiscal recibido el 24/05/2023". La propia primera edil reconocía el pasado miércoles que esos papeles eran utilizados por Romero -la víctima del secuestro- como objeto de chantaje.
"Llevaba unos expedientes en el coche con los que intentaba amenazarnos", señaló durante la rueda de prensa convocada con carácter urgente para comunicar que quería que se le dedujese testimonio lo antes posible para demostrar su "inocencia". Posiblemente el objetivo era adelantarse a las previsibles diligencias ordenadas ahora por el juez y así reducir el impacto.
Tres expedientes sospechosos
Las diligencias abiertas por el juez hacen referencia a tres expedientes de licencias urbanísticas firmadas o autorizadas por Berta Linares. De ahí que le ofrezca la posibilidad de personarse en la causa para facilitarle que esté al tanto de cada una de las diligencias y toma de declaraciones testificales que se vayan a practicar, por si de ellas -como es previsible- resultaran ilícitos penales en su contra.
Linares decía el miércoles que no dimitía porque "todavía no se me ha culpado de nada". Podemos imaginar que presume que va a ser imputada próximamente y que está aguantando el tipo para intentar que su partido logre formar gobierno antes de su salida, ya que su formación ganó en las últimas elecciones municipales pero perdió la mayoría absoluta que obtuvo en los anteriores comicios.
De no haber sido necesarias las negociaciones para mantener el bastón de mando, hubiera cabido esperar que -como ya hizo Noel López, el que fuera secretario de Organización del PSOE andaluz- la alcaldesa hubiera dimitido a estas alturas del partido y con unas generales a la vuelta de la esquina en las que su líder -Pedro Sánchez- se lo juega todo.