El acuerdo sobre el entorno del Parque Natural de Doñana firmado por Juanma Moreno y Teresa Ribera no solo pone fin a un conflicto político enquistado desde hace meses entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de Pedro Sánchez, sino que acaba con la tremenda campaña de difamación a la que el Ejecutivo central sometió a los agricultores andaluces en las semanas previas a los comicios del pasado 23 de julio por puro "electoralismo", como denuncia la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado.
"El acuerdo nos da la razón, porque reconoce que se había cometido un error que había hecho muchísimo daño a los agricultores y a sus familias, y pone sobre la mesa soluciones para que todos ellos puedan salir de una situación tremendamente injusta", sentencia en declaraciones a Libertad Digital su portavoz, Julio Díaz.
El que fuera diputado de Ciudadanos en el parlamento andaluz denuncia así el "daño inmisericorde" que el Gobierno ha infligido a los regantes por meros "intereses políticos", dedicándose a "intoxicar a todos los organismos internacionales" sobre una proposición de ley presentada por PP y Vox, cuya esencia, sin embargo, ratifica ahora la ministra para la Transición Ecológica. "Lo que contenía esa proposición de ley se va a hacer", insiste Díaz.
El origen de la polémica
El origen de la polémica se remonta a la presentación del texto impulsado por la Junta de Andalucía, cuyo propósito no era otro que solventar la injusticia denunciada por muchos agricultores que, en 2014, vieron cómo "muchas hectáreas que tradicionalmente eran objeto de cultivos en regadío pasaron por la Administración Autonómica a considerarse no aptas para el mismo". Todo ello, como consecuencia de que, para tomar tal decisión, se usó una foto fija del verano de 2004 sin tener en cuenta las circunstancias de aquel momento. "Gente que ese año dejó la tierra en barbecho apareció como que no cultivaba o incluso quienes ya habían levantado los plásticos porque la foto satélite se hizo en verano, cuando ya habían terminado los cultivos", explicaba hace unos meses a LD el Partido Popular andaluz.
De esta forma, lo que buscaba la propuesta de PP y Vox no era otra cosa que reconocer a todos esos agricultores sus tierras de cultivos en regadío, dejando claro que sólo podrían usar "agua superficial" cuando fuese posible, pero nunca subterránea, como decía el Gobierno para vender el "daño" que harían al Parque Natural. Todos ellos tendrían, en cualquier caso, que solicitar los permisos pertinentes a las correspondientes confederaciones hidrográficas y, por supuesto, cumplir la legalidad vigente.
Lo que recoge el acuerdo
Lejos de reconocer esa injusticia y apoyar dicha reforma -apoyada públicamente por numerosos alcaldes socialistas-, el Gobierno trató de vender antes de las elecciones que quienes reclamaban sus derechos no eran más que regantes que contaban con pozos ilegales. Ahora, sin embargo, el acuerdo no solo asume que se hicieron las cosas mal, sino que incluso se les ofrece una compensación económica que ni siquiera habían pedido. A los que opten por renaturalizar sus tierras plantando árboles, se les dará una ayuda de 100.000 euros, pero si quieren seguir cultivándolas también lo podrán hacer. En ese caso, eso sí, tendrán que reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o ecológicos y la cuantía será menor.
"En los próximos meses saldrán las convocatorias para las ayudas y también saldrán adelante las dos reformas legislativas que se incluían en la proposición de PP y Vox, la del Plan de la Corona y la de la Ley Forestal de Andalucía, que en muchos aspectos es más restrictiva que la nacional, con lo cual, es un pleno para nosotros", se felicita Julio Díaz que, además, asegura que de las 800 hectáreas que estaban peleando, "300 hectáreas se van a poder recuperar entre las dos reformas legislativas y se van a poder quedar para cultivar berries, porque se reconoce que están en la zona del Guadiana y, por tanto, están fuera del foco europeo". A todo ello se suma el fin de la inseguridad jurídica de muchos regantes que sufrían una auténtica persecución a base de inspecciones constantes.
¿Por qué ha cambiado de opinión el Gobierno?
Con todo, para los agricultores se trata de una victoria en toda regla frente a un Gobierno que durante meses se ha dedicado a difundir bulos sobre ellos. "Pensaron que igual así podían fidelizar a un electorado pro medio ambiente. Y a nivel nacional no sé cómo les saldría, pero aquí perdieron la Diputación de Huelva y varios ayuntamientos", recuerda el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado.
Esa puede ser una de las razones por las que ahora el Ejecutivo central haya entrado en razón. La otra tiene que ver precisamente con el foco que la Comisión Europea tiene puesto sobre España y con el temor a que la polémica termine sacando a la luz sus propias vergüenzas. "Europa sabe que en Doñana se han hecho muchas cosas mal durante muchos años", recuerda Díaz, que insiste en que el PP lo único que ha hecho es tratar de buscar soluciones a un problema generado por el PSOE, que es quien ha gobernado en Andalucía durante las últimas décadas: "Sería interesante que alguien fiscalizase qué se ha hecho aquí durante todos estos años con tanto dinero europeo y público, porque la realidad es que se ha llegado a esta situación porque los actores que tienen que velar por Doñana, y que no son los agricultores, tenían que haber hecho una buena gestión de esos fondos y no se ha hecho".
Los gobiernos socialistas que precedieron al de Juanma Moreno tendrían, por tanto, mucho que esconder, pero también el propio Gobierno de Pedro Sánchez. No en vano, tal y como denunció Libertad Digital, mientras el presidente y su ministra de Transición Ecológica arremetían contra los agricultores y contra el PP ocultaban que su propio Ejecutivo lleva cinco años sin acometer las obras a las que se comprometió en la Ley 10/2018 para sustituir el agua subterránea por la superficial en el entorno de Doñana, aliviando así la delicada situación que atraviesa el Parque desde hace años.
"Ahora se comprometen a hacer la infraestructura hidráulica y parece que se van a comprometer a un calendario con el Gobierno andaluz, pero estoy convencido de que no lo van a cumplir", advierte el portavoz de los regantes, que insiste en que llevan cinco años dando largas. Y para muestra, un botón: "La presa de Alcolea está parada al 23% y con 71 millones de euros depositados en una entidad financiera. Es decir, que por problemas de dinero no es".