Cinco dirigentes de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) –dependiente de la Junta de Andalucía— durante diferentes gobiernos socialistas han visto anulado el proceso judicial de la causa Avales II, por la que estaban siendo investigados desde el año 2014 y seguía el rastro de 1,5 millones de euros salientes de las arcas públicas autonómicas. Esta decisión de la Audiencia de Sevilla responde, tras los recursos de apelación presentados por las defensas de los acusados, a que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ordenó nuevas pesquisas después de que hubiera caducado el plazo legal para ampliar la investigación, ya que esta tenía origen en el caso Avales I y en la macrocausa de los ERE.
En concreto, los acusados que presentaron la alegación mediante la defensa del letrado Juan Carlos Alferez, de Constitución 23, fueron: el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, el exdirector de Inversiones Estratégicas de IDEA Bienvenido Martínez Martínez, el exdirectivo de la entidad pública Ignacio Marco Pinilla y el ex director financiero de IDEA Antonio Diz-Lois Ruiz. Los mismos pasos siguió la defensa del también exdirectivo Juan José García Dominguez.
Así, mediante un auto publicado el pasado 18 de septiembre recogido por Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla determina que, tal y como defendían las defensas, el auto de prórroga del período de instrucción "se dictó fuera del plazo de seis meses de su inoación" ya que la fecha a tener en cuenta para el inicio del proceso no debió ser el inicio de la investigación de los denominados avales propios –que corresponde al caso Avales II—, sino que debía hacer referencia a la primera vez que en las diligencias previas se mencionaba la investigación de los avales propios, que correspondía al año 2013.
Este razonamiento dejaría fuera de plazo la petición de prórroga realizada por la jueza de instrucción, que en aquellos momentos era Ángeles Núñez Bolaños, quien asumió la investigación de presunta corrupción de la Junta de Andalucía después de la marcha de la juez Mercedes Alaya a la Audiencia Provincial de Sevilla. Es decir, al producirse una prórroga del proceso de instrucción fuera de plazo –este concluyó según la Audiencia de Sevilla el 6 de junio de 2017—, el proceso posterior y las declaraciones de los investigados –que habrían malversado 1,5 millones de euros de dinero público en favor de la empresa Tartessos Car— quedan invalidados.
De esta forma, la Audiencia de Sevilla se ampara en su resolución en el apartado 6 del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que apela a la jurisprudencia existente para invalidar el proceso judicial. Este apartado acabaría con el caso Avales II, que proviene del caso Avales I. Este fue fragmentado en dos causas en el año 2014 ya que el tomo I se centraba en las ayudas de la agencia pública "regladas" y al amparo de la Junta; y el tomo II analizaba los denominados "avales propios" o "excepcionales" repartidos por la Agencia IDEA. Todo ello, surge como una rama del entramado que hace referencia a la macrocausa de los ERE.
Cañete fue condenado por los ERE
Cabe recordar que el que fuera director de IDEA entre 2008 y 2009, Jacinto Cañete, ya fue condenado a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos junto a otros cargos como los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves –si bien las penas de los expresidente han sido revisadas y admitidas parcialmente por el Tribunal Constitucional—. Según el juez, Cañete rubricó 124 contratos sujetos a ilegalidades.