La Policía Nacional ha desarticulado en Linares, Jaén, una organización criminal presuntamente dedicada al empadronamiento fraudulento de ciudadanos extranjeros en situación irregular. Hasta el momento, el dispositivo policial se ha saldado con 17 personas arrestadas, mientras que otras 26 han sido plenamente identificadas y se encuentran pendientes de detención.
La denominada operación Gloria ha sido llevada a cabo por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la localidad jiennense. Las investigaciones comenzaron hace aproximadamente siete meses, al detectarse serias anomalías en el padrón municipal. Concretamente, los agentes observaron altas masivas en determinados domicilios de la ciudad que se producían en intervalos de tiempo inusualmente cortos, según ha informado la institución policial.
Las pesquisas han permitido constatar la existencia de un entramado perfectamente organizado que captaba a ciudadanos extranjeros que residían de forma irregular en España, principalmente de origen magrebí. A estas personas se les ofrecía la posibilidad de inscribirse en viviendas de Linares, sin llegar nunca a residir en ellas, a cambio del pago de cantidades superiores a los 500 euros.
La red delictiva presentaba una estructura jerárquica claramente definida. En la cúspide se situaba un individuo de nacionalidad marroquí que desempeñaba un papel central como intermediario. Este sujeto captaba a ciudadanos de su misma nacionalidad para ofrecerles este servicio ilícito y se encargaba de localizar los inmuebles necesarios para formalizar las inscripciones, además de percibir los pagos acordados.
Asimismo, el líder coordinaba a un grupo de colaboradores que acompañaban a los inmigrantes durante la realización de todos los trámites burocráticos. Esto incluía la asistencia en las oficinas municipales y el asesoramiento posterior para asegurar que el proceso fraudulento no levantara sospechas.
En el marco de estas diligencias, se han analizado los registros correspondientes a múltiples inmuebles donde se detectaron altas simultáneas o sucesivas. Como dato especialmente llamativo, los investigadores han localizado pisos de apenas 80 metros cuadrados en los que figuraban empadronadas hasta 21 personas, además de sus moradores reales. Según la policía, este hecho evidencia "el carácter ficticio de las inscripciones, y la utilización sistemática de los inmuebles como soporte para la actividad fraudulenta".
Estos domicilios eran facilitados por personas que residían en ellos en régimen de alquiler. Los inquilinos autorizaban la inscripción de los inmigrantes en el padrón municipal, a sabiendas de que jamás vivirían allí, con el único objetivo de recibir una compensación económica por parte de la trama.
El inmueble no solo servía para el trámite inicial, sino que era utilizado como dirección de referencia para la recepción de notificaciones y documentación oficial, así como para la solicitud de tarjetas sanitarias. Durante los registros, los agentes intervinieron gran parte de esta documentación en viviendas que se encontraban completamente desocupadas.
El objetivo final de este empadronamiento fraudulento era permitir a los beneficiarios aparentar un falso arraigo en España. De este modo, podían acceder de forma irregular a distintos procedimientos administrativos y servicios costeados por el contribuyente, tales como la solicitud de autorizaciones de residencia y trabajo, el acceso a la sanidad pública o la percepción de ayudas sociales.
A los investigados se les imputan presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. La operación ha requerido un "importante esfuerzo investigador" debido a la dispersión geográfica de los implicados, localizados en distintos puntos del territorio nacional e incluso fuera de nuestras fronteras.
Paralelamente a la vía penal, se han incoado tres expedientes administrativos sancionadores por infracciones muy graves contra los responsables de los inmuebles utilizados. Las propuestas de sanción oscilan entre los 10.001 y los 100.000 euros por cada inscripción irregular efectuada. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.