Parece que Garzón se ha aficionado a las cacerías y que ya no distingue entre ciervos y políticos que le resulten ideológicamente antipáticos. En su último auto, por el que resolvía una petición del PP para personarse como acusación particular en el caso Gürtel, ha lanzado dos disparos contra este partido. No sólo les ha negado su petición –de modo que se consolida su indefensión frente a un caso donde no aparecen como acusados y además no les resultará posible recusar a Garzón por "enemistad manifiesta" y por "interés particular en el pleito"– sino que lo ha hecho recurriendo a unos argumentos que sirven de perfecta arma arrojadiza para el PSOE: según el superjuez, existen serios indicios de que personas vinculadas al PP, entre las que podía haber algún aforado, tienen responsabilidad en este asunto.
Curiosa manera tiene Garzón de desempolvarse las acusaciones populares de parcialidad y animosidad, anunciando en un auto judicial que se imputará a altos cargos del PP. Lo cierto es que, como ha dicho Federico Trillo, su resolución parece más bien una amenaza que un texto jurídico razonado y fundamentado. El PSOE ya tiene el perfecto argumento para estas próximas dos semanas de campaña electoral: la corrupción ha llegado a las altas esferas del principal partido de la oposición.
Es posible que esta decisión tenga un corto recorrido judicial. La Comunidad de Madrid ha tomado la hábil decisión de reclamar su personación como acusación particular en el caso, ya que la personalidad jurídica del PP no coincide con la de la Administración madrileña. A menos que Garzón vuelva a emitir otro auto donde perfile todavía más su amenaza y esta vez contra miembros del Ejecutivo madrileño, no parece que en esta ocasión le vaya a ser posible denegar la petición de personación a la Comunidad y, posteriormente, tener que resolver sobre su recusación. Sin embargo, el auto, como viene siendo habitual en Garzón, sí podría tener un mayor recorrido político y tender un puente de plata a la victoria electoral socialista en Galicia y el País Vasco.
Si el historial del uso político que hace Garzón de la justicia no fuera suficientemente abultado como para que ya albergáramos este tipo de sospechas, el compadreo cinegético con Bermejo no hace más que reavivarlas. Desde luego, conforme más detalles van conociéndose de la trama de Garzón y Bermejo, más turbio se vuelve el asunto. Ya de entrada, fuentes del CGPJ reconocen que el encuentro podría ser constitutivo de delito si hubiese estado concertado; y precisamente hacia tal posibilidad apuntaría que el comisario general de la Policía Judicial se hubiese desplazado en exclusiva a la cena que mantuvieron Garzón y Bermejo. Poder judicial, poder ejecutivo y policía judicial en una misma mesa, ¿para qué se citaron y de qué podrían estar hablando?
Por supuesto, quien debería encargarse de denunciar de oficio este turbio asunto debería ser la Fiscalía; el problema es que en pocas ocasiones un fiscal general ha estado tan politizado como Conde Pumpido. Siguiendo con su práctica habitual de proteger al PSOE y perseguir al PP (que ilustra, entre tantos otros, el caso Ibiza que afectaba a José Blanco, en el que Pumpido decidió retrasar hasta después de las elecciones la formulación de nuevas acusaciones), no hay que esperar demasiado de la que debería ser una institución del Estado de Derecho y no un cargo de partido. Si acaso, la pasividad de Conde Pumpido sirve para que cobre fuerza la hipótesis de que sí existe delito en las reuniones entre Garzón y Bermejo; pues es al PSOE a quien le conviene que la Fiscalía no lo persiga.
Pero la vía de la recusación y de la denuncia de la Fiscalía no son las únicas por las que puede –y debe– atacarse la vergonzosa (como mínimo, en la forma) actitud de Garzón en este caso. Está más que acreditada que su actuación siempre responde a motivos políticos; lleva a cabo sus particulares vendetas desde los púlpitos y esto no puede tolerarlo por más tiempo el Consejo General del Poder Judicial. Ya había suficientes motivos hasta la fecha para hacerlo, pero este último concede aun más entidad a todos ellos y refuerza la necesidad de que el Gobierno de los jueces aparte definitivamente a Garzón de la carrera judicial. Al menos, si quiere preservar una ligera imagen de imparcialidad entre nuestros togados.