En los últimos meses, varios dirigentes políticos de distintos países están haciendo llamamientos a sus conciudadanos para que consuman productos nacionales. Para ellos, puesto que existen distintas industrias nacionales que han visto sus cuentas de resultados perjudicadas por la crisis, lo ideal es que los consumidores, a la hora de tomar sus decisiones, tengan en cuenta la procedencia del producto. De esta manera, en lugar de efectuarse la compraventa a una empresa extranjera, el dinero quedaría en una compañía nacional. Así mejoraría su cuenta de resultados y los trabajadores de la misma no estarían sometidos a posibles reducciones de plantilla, mejorando poco a poco la situación general del país.
Analizado desde este punto de vista la solución parece perfecta. Bastaría con mirar la etiqueta de los productos antes de comprarlos para ver dónde han sido fabricados. Con ello, todo el dinero gastado en productos importados iría a parar a la industria nacional, incrementándose la riqueza del país. El razonamiento resulta tan simple que maravilla que a nadie se le haya ocurrido antes. Incluso se podría, como está intentando el recién elegido presidente estadounidense, aumentar los aranceles a la exportación de productos competitivos extranjeros a fin de hacerlos menos atractivos económicamente al mercado nacional. Sin embargo, existen inconvenientes muy importantes en este tipo de política económica, de ahí que siempre que se han intentando seguir han acabado fracasando.
En primer lugar, la definición de qué es un producto nacional resulta complicada, por no decir imposible. Si analizamos, por ejemplo un automóvil, veremos que éste ha sido ensamblado en una determinada fábrica situada en un país. Sin embargo, cada uno de los productos ensamblados probablemente haya sido fabricado por otras compañías situadas en diferentes países. Y esas piezas a su vez provienen de la incorporación y transformación de distintos tipos de materias primas de diferentes naciones. Incluso hasta un producto tan simple como un lápiz tiene un proceso de fabricación tan complejo que implica a multitud de compañías y personas situadas en distintos países.
En segundo lugar, nos encontramos con el hecho de que no existe ningún país autosuficiente en el mundo. Los recursos naturales se hayan situados a lo largo y ancho de todo el orbe. Además, los procesos de transformación se han desarrollado en diferentes lugares del globo, por lo que ningún país tiene ni todos los tipos de recursos, ni de industrias, ni todas las posibles personas que saben elaborar los productos.
En tercer lugar, las industrias están interconectadas entre sí. Por lo tanto, favorecer a una determinada industria nacional con políticas proteccionistas o autárquicas, aunque aumente los beneficios de ésta, perjudicará las industrias o comercios que empleen dichos productos. Así, por ejemplo, si se establecen aranceles sobre determinados productos extranjeros, se favorecerá el margen de los productores nacionales, pero las empresas que tengan que comprar dichos productos pagarán más y verán perjudicadas sus cuentas de resultados al subir sus costes.
También habría que tener en cuenta el efecto que estas medidas tienen sobre los consumidores. Es posible que existan productos extranjeros más baratos, por lo que al consumir sólo productos nacionales disminuye la renta que pueden destinar a otro tipo de productos, siendo perjudicadas también las industrias fabricantes de estos últimos.
Por ultimo, no podemos dejar de comentar que este tipo de medidas suponen una limitación muy importante en la libertad de elección del consumidor, que constituye uno de sus derechos fundamentales. Es por ello que suponen un ataque directo a los derechos de consumidores y empresarios.
Por tanto, las políticas que buscan incrementar artificialmente el consumo nacional de productos a base de perjudicar a los extranjeros, aunque beneficien a un grupo de empresas muy concreto, acaban perjudicando al resto, a los consumidores, y suponen una restricción muy importante de los derechos fundamentales de las personas.