Desde hace mucho tiempo venimos señalando, y son múltiples voces las que así se manifiestan, que el sistema financiero español –reducido en este caso a los bancos y a las cajas de ahorro– había evolucionado, por la lógica de los hechos, de forma tan notable que, en la actualidad, merecía someter a consideración si aquellas funciones que determinaron su configuración inicial seguían vigentes o por el contrario, en su ausencia, debía plantearse una reforma a fondo de sus caracteres y funciones en el ámbito de la financiación.
La distinción nítida en su origen entre bancos y cajas de ahorro, hace ya varios lustros que no pasa de ser una referencia histórica. La financiación al artesanado y al pequeño agricultor, la asistencia financiera individualizada para la adquisición de viviendas a las rentas bajas, la restricción en el ámbito territorial de sus actividades, la imposibilidad de acceso a operaciones en moneda extranjera, la ausencia del descuento de papel comercial, todo ello unido a la labor de beneficencia, de patronazgo, etc. que configuró las cajas de ahorro como Montes de Piedad, en el proyecto de aquel benemérito Padre Piquer, está muy lejos de la realidad actual de nuestro sistema financiero.
Por otro lado, también los bancos han experimentado cambios notables y, frente a la imagen de entidades dirigidas a la financiación de la gran empresa, a la colocación de créditos de cuantía elevada y comprometidos únicamente por su máximo beneficio y el de sus accionistas, no son excepcionales los que realizan una valiosa labor de mecenazgo, en las artes, en las ciencias y en general en la educación.
Quién se ha acercado a quién, parece claro. En lo bancario, las cajas se han acercado a los bancos, hasta llegar a confundirse, mientras que en el patronazgo, son los bancos los que se han movido de su posición inicial, si bien siempre hubo entidades que valoraron la adquisición de obras de arte y su exposición para enriquecimiento cultural de la sociedad.
Pero vengamos a lo nuestro. A mi entender hay cuestiones que están por resolver, y que la crisis actual del sistema financiero ha puesto de relieve, por mucho que se pretendan ocultar. ¿Es posible seguir manteniendo la indefinición de la propiedad de las Cajas en el momento presente? Más aún, ¿es admisible la asimetría jurídica que se plantea ante la posibilidad de que las cajas adquieran bancos, u otras entidades, cuando éstos no pueden adquirir cajas? ¿Qué efecto se ha producido en la solvencia de las cajas, como consecuencia de la ampliación sin mesura del ámbito geográfico de su implantación? En ausencia de propietarios, que cuando existen juegan a riesgo sus propios recursos, ¿quién está llamado a corregir los desmanes de una torpe o incluso fraudulenta gestión?
Ante la debacle del sistema, el Gobierno español ha optado por un modelo de rescate, asistencia o salvamento financiero, basado fundamentalmente en la opacidad y en la gratuidad a la gestión de las entidades incursas en necesidades de numerario. Ello, además de igualar a los que obran bien con los que lo hacen mal, con grave perjuicio para los primeros y para el mismo sistema, provoca una desconfianza generalizada que en nada contribuye a estabilizar la relación crediticia. El modelo de entregar recursos a los administradores incompetentes y en ocasiones malversadores, supone la impunidad de la perversión, que seguirá por el camino del error y de la corrupción pues parece acreditado que no hay coste para estas actitudes.
No penalizar a los responsables de los Consejos de Administración, como en otras crisis bancarias se ha hecho, por la gestión torpe o delictiva, supone establecer un impedimento para conocer el origen del mal y, conocido éste, tratar de resolverlo. Sometido el Consejo de Administración a procedimientos judiciales de depuración de responsabilidades, con toda probabilidad se habría esclarecido el mal endémico que afecta a buena parte de las cajas de ahorro y que se hace presente con frecuencia por su misma estructura jurídica, en la que la autoridad no está en el propietario –pues éste no existe– sino en quien tiene, por otras prerrogativas, capacidad para ejercerla; todo ello sin poner un céntimo propio en riesgo y, por lo que se ve, con capacidad para eludir sus responsabilidad política y, caso de preexistir, salvando su presunta honorabilidad ante la sociedad.
Soy de la opinión que un sistema más transparente de gestión en la crisis financiera, habría abundado en la necesidad, o al menos conveniencia, de una reforma del sistema que garantizase una administración rigurosa de los recursos de los ahorradores, con la necesaria ausencia para ello de las interferencias de agentes políticos –partidos y agentes sociales– que se guían por objetivos bien distintos de los que deben de presidir la gestión de una entidad financiera, para su solvencia y para su credibilidad.
Cuándo habrá otra oportunidad, está por ver. Aunque lo más descorazonador no es el plazo requerido, sino que seguramente será, de nuevo, otra oportunidad perdida. ¡Son demasiados los intereses en contra como para poder esperar un resultado diferente!