Y es que no aprenden. Tras la historia más reciente de nuestra nación, hay quien todavía considera que su voluntad en que las cosas permanezcan es causa suficiente para la permanencia de aquellas. Hubo también quien pensó, hace algo más de treinta y cinco años que sus deseos, convertidos en proyecto de convivencia, habían quedado sobradamente garantizados, de modo que se permitió asegurar que todo lo había dejado atado y bien atado.
El nudo gordiano, que tan felices se las prometía, empezó a desvanecerse apenas transcurridos unos días desde que el pueblo se asegurase que los ojos cerrados del profeta nunca más volverían a abrirse. Y así, salvo un magistrado que hace unos meses puso en duda que aquellos ojos seguían cerrados, el pueblo español, el de veras, el que piensa y actúa de buena fe, constató que ninguna voluntad de los hombres permanece para la eternidad. Es decir, que lo atado, por bien atado que esté, se desata sin esfuerzo alguno, incluso transfiriendo la atadura a quien pretendió imponer el maléfico artificio.
Así las cosas, no entendemos cómo el señor Ministro de Trabajo, con razón conocido por muchos como el del Paro, quiera configurar el contrato de trabajo por cuenta ajena y tiempo indefinido, como una relación atada y bien atada entre en empleador –empresario– y el empleado –trabajador. Si prefiere desconocer la realidad, bien está; al fin y a la postre es un político y de esta especie puede esperarse cualquier cosa. Desde que ocupa la cartera que se la ha confiado por el presidente del Gobierno –parece que está hecho a medida de éste– no ha brotado de él ni una sola idea que merezca tal denominación; menos aún, proyectos o medidas que intenten afrontar, es decir hacer frente, al paro creciente y amenazante que humilla las vidas de los trabajadores de la nación, sembrando el desconcierto y la desolación. Sólo una habilidad hay que reconocerle: su capacidad para negar lo evidente y su desfachatez para contradecir, sin un solo argumento, la cascada de cifras oficiales que ponen de manifiesto hechos incontestables. Ambos rasgos le han hecho acreedor de una morbosa admiración por parte de la España real.
Aferrarse a la protección que el franquista texto del Estatuto de los Trabajadores, ampliado de hecho por el procedimiento que se sigue en los Juzgados de lo Social, cuando alguien pretende un despido, es optar por engrosar el desempleo, encubriendo táctica tan perversa con el disfraz de una mal llamada cuestión social. ¿Es que los desempleados no forman parte de la sociedad? Bien es verdad que a la izquierda sindical, y el ministro parece que responde a ese perfil, nunca le han preocupado los parados; éstos, al fin y al cabo, no votan en las elecciones a los Comités de Empresa que es de donde surge el poder sindical, pues, ya sabemos, que la vida cómoda de los sindicatos procede de los Presupuestos Generales del Estado, no de las contribuciones de sus afiliados, si es que tienen alguno.
Si en el modelo que manejamos podemos suponer que un ministro es capaz de pensar, incluso que en ocasiones ejerce esta capacidad, lanzaría a nuestro ministro Corbacho una pregunta, no tanto para que la conteste como quien se examina de una asignatura que no domina, sino simplemente para darle ocasión a reflexionar unos instantes sobre el supuesto que se plantea.
Supongamos que a una empresa cualquiera –son infinitas en este momento las que están en estas condiciones– se le reduce el mercado de los bienes que produce en un porcentaje, digamos del treinta por ciento. ¿Le parecería normal al señor ministro que dicha empresa siguiera comprando la misma cantidad de materia prima que antes de la contracción del mercado y siguiera utilizando la misma cantidad de energía que en el período anterior? A poca sagacidad, a poca imaginación que tenga el personaje político al que nos referimos, queremos suponer que considerará al empresario un ser irresponsable que está destruyendo la empresa y jugando con las vidas de los trabajadores y familias entregados a la tarea productiva.
¿Por qué entonces asume que debe de seguir utilizando los mismos trabajadores que antes de la recesión, y si decidiera lo contrario, precisamente en beneficio de los trabajadores ajustados a la producción, debe ser penalizado de forma que posiblemente acabe cerrando la actividad productiva? Señor ministro, no diga usted cosas que van contra toda la doctrina económica que se ha mostrado cierta por sus evidencias empíricas. Supongo que dirá, como dijo el insensato, que las doctrinas y las teorías no pueden contradecir la voluntad de los preconizados, pero así aumenta de manera tan despiadada el volumen de los parados, con lo que ello tiene de lacra social y de frustración para los que teniendo algo que aportar al bien de la sociedad, se ven privados de esta posibilidad y reducidos a la esterilidad y la marginación.
Es curioso que los que están en eso que llaman progreso –en su partido y en otros partidos, pues de todo hay en la viña del Señor– huyen del matrimonio para no sufrir la penalidad de la posible ruptura, cuando, sin embargo, pretenden un contrato de trabajo que asuma la penalidad de la resolución por despido. Aplique un poco de racionalidad, en un momento de lucidez, y verá como a usted tampoco le salen las cuentas, salvo las del incremento del desempleo.
¡Y pensar que habría podido pasar a la historia por algo bueno y sensato! La propuesta que acaba usted de rechazar a la CEOE en esta materia laboral es, con mucho, más grave que el rechazo que hizo usted al gobernador del Banco de España en materia de financiación de las pensiones. Aunque tampoco esperaba yo otra cosa de un ministro de Trabajo, más aún, si pertenece a un Gobierno socialista. Piense en el bien común y no se deje usted arrastrar por la pendiente demagógica. El pueblo se lo agradecerá.