La portada de El Mundo del domingo haría temblar los cimientos políticos de una sociedad desarrollada moral y democráticamente; pero estoy convencido de que aquí no pasará nada, entre otros motivos porque las víctimas del terrorismo no son para nuestros gobernantes nada más que monedas de cambio para mantenerse en el poder. El Mundo daba una información que vale su peso en oro. La portada mostraba la fotografía de un hombre, José Manuel Gómez Benítez, en el momento de prometer su cargo de vocal del CGPJ, conocido por ser el gobierno de los jueces o algo parecido. La foto es de septiembre de 2008, dos años antes, en septiembre de 2006, el mismo personaje era uno de los negociadores elegido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para pactar, negociar y cambalachear con ETA al margen de las instituciones públicas.
La información de El Mundo marca el inicio de una nueva época sobre ese fatídico suceso entre el Gobierno y los terroristas. Ya hemos empezado a saber todo lo que ofreció Zapatero a los criminales de ETA. Naturalmente, también empezamos a comprender los funcionamientos oscuros de algunas instituciones claves de nuestro sistema político, que no pasa de ser un régimen de derechos tasados parecidos al antiguo régimen. Llegará el día, más pronto que tarde, que consigamos conocer los pormenores. ETA siempre deja huellas escritas. Le va en ello su propia permanencia como organización criminal. De entrada, ya sabemos los nombres de los principales negociadores.
A la lista formada por Jesús Eguiguren, dirigente del PSE, y Javier Moscoso, antiguo fiscal general del Estado, también sabemos que hubo un especialista en derecho penal. Curioso. ¿Qué podría ofrecer un profesor de derecho penal a los criminales que nunca daría un profesor de ética o un ciudadano común? Quién sabe. Pero a tenor de la "calidad moral" del profesor no sería de extrañar que éste les ofreciese a los criminales su ciencia para hacer más llevaderos los castigos de la ley. La familiaridad del profesor con el manejo del código penal lo pondría, en fin, al servicio de los criminales para que las penas fueran mínimas, o peor, para que la sociedad aceptara a los criminales como "ciudadanos" normales. Según las víctimas del terrorismo consultadas por este cronista, no parece descabellado pensar en que el negociador del Gobierno, señor Gómez Benítez, les ofreciera a los criminales impunidad frente a las exigencias de las propias víctimas, que siempre han exigido el cumplimiento íntegro de las penas.
En cualquier caso, la identidad del personaje desvelada por El Mundo nos ilustra sobre aspectos decisivos de la vida política y moral de nuestro país. Aparte de que nos hacemos una idea de la calidad moral del negociador, que naturalmente acepta ser nombrado vocal del CGPJ a propuesta del PSOE, podemos establecer los vínculos políticos y profesionales del negociador con los criminales por un lado, y con el Gobierno por otro. Según la información de Ángeles Escrivá, basada en los documentos incautados por la policía a ETA, este abogado de Garzón, profesor de derecho penal y hombre de confianza de Pérez Rubalcaba, puede ser una pieza básica no sólo para saber la relación del Gobierno con las decisiones de Garzón, sino también para establecer las responsabilidades del Gobierno y el juez referidas al chivatazo a ETA de la operación policial contra el aparato de extorsión de la banda criminal.