España se juega mucho con la decisión en torno a mantener o no abierta la central nuclear de Garoña en los próximos diez años. El Gobierno debe pronunciarse al respecto este viernes y lo que decida va a marcar definitivamente no sólo el destino de la energía nuclear en nuestro país para las próximas décadas, sino el propio futuro de nuestra economía. El problema es que esa decisión no se va a tomar a partir de razones técnicas que permitirían que la central burgalesa siguiera abierta, sino por motivos políticos e ideológicos alumbrados por las obsesiones personales de Zapatero. Este es el problema.
Hoy por hoy, el sistema eléctrico español no necesita a Garoña, pues su aportación a la producción total apenas supera el 1% y en tiempos como los actuales, de fuertes caídas del consumo eléctrico, hay en el sistema capacidad más que de sobra para atender las necesidades del país. Garoña, sin embargo, marcará la pauta sobre futuras decisiones al respecto por parte de este Gobierno, decisiones que están a la vuelta de la esquina, puesto que entre 2010 y 2012 vence el periodo de vida útil de casi todas las centrales nucleares que operan en nuestro territorio. Lo que suceda ahora, por tanto, va a ser determinante para lo que va a pasar después.
La propiedad de Garoña, dividida al 50% entre Endesa e Iberdrola, ha tomado las medidas necesarias para que la central pueda seguir operativa durante otro decenio más, con fuertes inversiones para modernizarla y garantizar su buen funcionamiento en los próximos años. Hoy por hoy, de hecho, la central nuclear de Santa María de Garoña cumple más que de sobra los requisitos técnicos para permanecer abierta más tiempo. Hasta el propio ministro de Industria, Miguel Sebastián, lo reconoce cuando ha afirmado recientemente que Garoña goza de muy buena salud. Y no es el único socialista que la defiende. Felipe González, Javier Solana y hasta el propio secretario general de la UGT, Cándido Méndez, que ha puesto al sindicato completamente al servicio del Gobierno, se han pronunciado públicamente a favor de la energía nuclear. Sin embargo, Zapatero parece no atender a razones.
Si el presidente del Gobierno tuviera la intención de mantener abierta Garoña, ya lo habría dicho hace tiempo y ahora no estaríamos en este debate. Pero en Zapatero no pesan consideraciones técnicas, sino políticas e ideológicas, que son las que, por desgracia, van a primar en todo este asunto, que se produce en uno de los momentos políticos más inadecuados: en vísperas de unas elecciones europeas, las del próximo domingo, en las que las encuestas dan ganador al PP. Eso es lo que de verdad le importa a Zapatero, y no el futuro a medio y largo plazo de nuestro país, por lo que está dispuesto a sacrificar lo que sea con tal de no salir derrotado en las urnas. En este sentido, la estrategia de Zapatero en las últimas semanas pasa por radicalizar al máximo su discurso político, con declaraciones y medidas para atraerse el voto de la extrema izquierda. Ahora puede caer en la tentación de hacer lo mismo con el fin de allegar el voto ecologista, lo que condenaría a Garoña y, de paso, a todo el sector nuclear español. Ningún político con un mínimo sentido de la responsabilidad y de los intereses del país actuaría de esta manera, pero Zapatero carece de ese sentido y si lo lleva hasta el extremo de sacrificar las necesidades de nuestra economía y nuestra sociedad por sus intereses políticos, este país lo va a pagar muy caro y durante mucho tiempo.
En contra de lo que a Zapatero le gustaría, la sociedad española no está en contra de la energía nuclear. De hecho, una encuesta reciente revela que el 49% de los españoles la apoya. Hace cinco años, sólo el 12% estaba a su favor. ¿Por qué este cambio? Porque la energía nuclear es barata y los españoles no están dispuestos a asumir en la factura de la luz ni la apuesta por las carísimas e ineficientes energías renovables –incapaces de garantizar un suministro barato y de calidad– ni las consecuencias de un precio del petróleo al alza que seguirá subiendo en los próximos años. Esta es la primera cuestión que Zapatero debe tener en cuenta, que la energía tiene que ser barata porque, en caso contrario, estrangulará el crecimiento económico y, con él, las posibilidades de que se produzca la tan necesaria creación de empleo.
Asimismo, prescindir ahora de las centrales nucleares sólo incrementaría nuestra dependencia exterior en materia de energía. Y no me refiero únicamente a tener que importar más electricidad de Francia –por cierto, de origen nuclear–, sino también y ante todo a depender más del petróleo y el gas natural, lo que aumenta el riesgo de desabastecimiento energético y somete a España a los caprichos y deseos de los países productores. Cuando el petróleo y el gas se han convertido en armas estratégicas en las relaciones internacionales –armas que países como Rusia, Venezuela o Irán no dudan lo más mínimo en utilizar para poder alcanzar sus poco democráticos y pacíficos fines– España no se puede ver expuesta a semejante dependencia. Sin embargo, Zapatero puede meternos de lleno en semejante problema si decide cerrar Garoña.
Por último, si España quiere reducir sus emisiones de dióxido de carbono, necesita la energía nuclear, que es verdaderamente limpia, diga lo que diga Zapatero. Por todas estas consideraciones, Garoña puede y tiene que seguir abierta. La cuestión es si el presidente del Gobierno tiene la visión tan clara de la realidad que manifiestan otros socialistas como Sebastián, González o Solana, o si, por el contrario, va a seguir cegado por sus ideas y sus intereses particulares. Porque lo que está en juego con Garoña, en última instancia, no es el futuro político de ZP, sino el de España.