Hace un par de días leía en LD que la Xunta de Galicia había contratado como asesor de Economía e Industria a un estudiante de 21 años. Y que su currículum profesional termina aquí. No tiene experiencia en ninguna empresa o institución, ni un máster en gestión o financiación, un doctorado, o estancias en Universidades extranjeras de prestigio. ¿De qué va a asesorar si ni siquiera ha aprobado aún las asignaturas de Derecho? No sé.
El hecho es sintomático. No voy a defender la teoría del "gobierno de los mejores", ni la "gerontocracia" tan al gusto de los regímenes comunistas, pero sí creo que nuestra democracia debería ser tan pulcra en las formas como respetuosa con el pueblo soberano.
Es impensable que una empresa privada que maneje un presupuesto equivalente al que tiene la Xunta gallega contrate como asesor de Economía e Industria, que es la base sobre la que se asienta el progreso y la riqueza de un territorio, a un estudiante. Pero no sólo se trata de la incoherencia empresarial que supone, sino también de la inmoralidad, cuando en España cualquier profesional debe pasar duros filtros para ejercer cualquier labor en la sanidad, la educación, la comunicación o cualquier sector en el que se necesite una preparación superior.
El asunto, sin embargo, no tiene lógica económica, sino política. El muchacho es el presidente de las Novas Xeracións de Pontevedra, y miembro del Comité Nacional de NNGG. Es decir; el nombramiento responde a una norma partidista para el reclutamiento y formación de sus cuadros. La idea de tener un partido compuesto por gentes preparadas está muy bien. El problema es que la supuesta formación política de este estudiante corre a cuenta, no sólo del presupuesto de los gallegos, sino a costa de una profesional y eficiente asesoría de los asuntos económicos e industriales de Galicia.
Esta práctica no es exclusiva de la Xunta, sino que la tenemos incrustada en toda la administración local y regional. En muchos casos, son personas sin la preparación adecuada, que cobran como si la tuvieran, cuya contratación no insufla confianza sobre el buen gobierno y perjudica la imagen y el desarrollo de nuestra democracia, especialmente en momentos de crisis como el que padecemos.