La aprobación del Fondo de rescate bancario (FROB) otorga un poder inusitado al Gobierno para reestructurar a su antojo el ya de por sí hiperregulado sistema financiero español. El nuevo regulador público, ya que en última instancia depende de la ministra Salgado, no sólo controlará hasta el extremo la gestión de las entidades intervenidas sino que, de hecho, abre la puerta a la nacionalización parcial de la banca española a medio plazo.
En primer lugar, el FROB pone de manifiesto que el Gobierno mintió al negar que la crisis financiera no afectaría a la solvencia misma del sistema español. Cabe recordar que hace escasos meses Zapatero se chuleaba ante sus colegas de contar con uno de los sistemas financieros "más sólidos del mundo", y se vanagloriaba de la excelente regulación y gestión de riesgos del Banco de España.
Pues bien. Ni uno ni lo otro. El propio Ejecutivo reconoce ahora en el Real Decreto que regula el nuevo fondo de rescate que algunas entidades de tamaño mediano o pequeño podrían "llegar a ver comprometida su viabilidad en los próximos meses" debido a la persistencia de los problemas de liquidez, el deterioro de activos o el aumento de la morosidad.
Es más: "Aunque es previsible que las entidades susceptibles de entrar en dificultades no tengan, individualmente por su tamaño, carácter sistémico, la consideración conjunta de sus problemas de viabilidad sí podría llegar a generar un potencial riesgo sistémico que justifica tener previstos instrumentos adicionales y la utilización de recursos públicos". Así pues, el Ejecutivo ha dado, una vez más, marcha atrás. Por otro lado, si algo ha demostrado el rescate de Caja Castilla-La Mancha es que el control del Banco de España ha fracasado, por mucho que se intente ocultar.
En segundo lugar, ante tales riesgos, el Gobierno ha optado por la "ordenación pública" del sistema. Y es que, en realidad, el Fondo se configura como un nuevo regulador financiero con plena capacidad de intervención en el sector bancario. A partir de ahora, dicho organismo, encabezado por Salgado a modo de banquera central, tendrá la última palabra en materia de fusiones, reestructuración de balances, aprobación de planes de viabilidad o inyección de recursos públicos
De hecho, será el FROB quien determine qué, cómo y cuándo se podrá declarar en quiebra una entidad. En su disposición adicional tercera, el Real Decreto establece que, en caso de intervención, "la legitimación para solicitar el concurso (de acreedores) corresponderá exclusivamente al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria". Asimismo, ningún juzgado podrá aceptar la solicitud de concurso (antigua suspensión de pagos) si la entidad en cuestión cuenta con un plan de viabilidad aprobado por el Fondo.
Por último, más allá del coste que supondrá para los contribuyentes el rescate bancario –hasta 90.000 millones de euros, en principio–, el Gobierno tendrá voz y voto en las cajas intervenidas. De hecho, nacionalizará parcialmente entidades si en un plazo máximo de siete años éstas son incapaces de devolver las ayudas públicas concedidas. Una opción bastante probable si se tiene en cuenta el largo estancamiento económico que sufrirá el país.
Se atisba, pues, el regreso de la banca pública a España. De todos modos, no es un proceso aislado. La mayoría de los gobiernos de países desarrollados, tales como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia o Rusia han optado u optarán por participar en el capital, hasta ahora privado, de la banca. Por una vez, parece que Almunia tenía razón.
No obstante, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) recomienda en su último informe seguir la actuación de Finlandia, Noruega y Suecia en sus crisis bancarias de finales de los años 80 y principios de los 90 debido al limitado progreso que están demostrando las medidas de rescate adoptadas hasta el momento. Es decir, nacionalizar la banca para reconocer las pérdidas reales del sector, liquidar los activos problemáticos y recapitalizar el sistema con fondos públicos.
La reestructuración de la banca nórdica llevó casi una década y se tradujo en pérdidas, aunque escasas, para los contribuyentes. El problema es que la actual crisis financiera es internacional, no local, y los excesos cometidos son muy superiores. Además, si el origen de la actual crisis estriba en la intervención monetaria y en una nefasta y excesiva regulación bancaria, ¿qué cabe esperar de una banca pública en manos del Gobierno al más puro estilo chino? Soplan malos tiempos para el libre mercado... Muy malos.