¡Qué se le va a hacer! Pero resulta que el artículo 239 de la Constitución hondureña dice, retraducido del inglés, que "Ningún ciudadano que ya haya servido como jefe de la rama ejecutiva puede ser presidente o vicepresidente. Quien quiera que viole este artículo o proponga su reforma, así como los que apoyen tal violación directa o indirectamente, cesará inmediatamente de sus funciones y no podrá ejercer ningún cargo público durante un período de diez años".
¡Caramba, cómo se las gastan estos hondureños! Pocos, pobres y olvidados, hasta hace una semana, sobrados sólo de terratenientes oligarcas, como el recientemente destituido Zelaya, se meten a demócratas y nos quieren dar lecciones a todos. Aprobaron una constitución así de drástica en 1982. Ha resultado ser la más longeva de las doce que han tenido a lo largo de su historia. Puso fin a los golpes militares. ¿Se acabó la racha? No por el significado jurídico de los acontecimientos de la madrugada del domingo 28 de junio, pero quizás sí por las imposiciones internacionales.
La constitución ha mantenido la democracia bajo condiciones sociales y económicas poco propicias, tanto por sus rigideces como por su adaptabilidad. De sus 379 artículos originales siete han sido parcial o totalmente abrogados, 18 han sido interpretados y 121 reformados. Pero hay siete que no pueden enmendarse, entre ellos varios de los que Zelaya quería cargarse para dejar expedito el camino a la perpetuación en el poder de sus colegas bolivarianos, Chávez, Morales y Correa. Cualquier iniciativa de cambio constitucional corresponde única y exclusivamente al Congreso. Los intentos de Zelaya de llevarla a cabo por su cuenta lo enfrentaban de lleno con la Constitución, y así se lo hizo saber el Tribunal Supremo. El choque frontal con las instituciones de la democracia hondureña venía produciéndose desde hacía varias semanas. Cuando el recalcitrante Zelaya procedió a poner en marcha por su cuenta, al margen del aparato del Estado, la organización de un referéndum que aprobaría la convocatoria de una asamblea constituyente, el Supremo, con la aprobación del parlamento –123 votos a favor de los 128 miembros reunidos en el momento– ordenó al Ejército que lo expulsara del país, orden que los militares cumplieron en una operación de minutos, sin la más mínima violencia ni el menor asomo de intromisión en el ejercicio del poder. De acuerdo con la Constitución, el presidente del Congreso, del mismo partido que Zelaya, pasó a ocupar interinamente la presidencia de la República, manteniendo la regular convocatoria de elecciones para noviembre, por finalización reglamentaria del mandato del ahora expresidente. El Tribunal Electoral, el fiscal de la República, el defensor de los Derechos Humanos, el partido de Zelaya y otras muchas instituciones han aprobado lo sucedido como de pleno derecho.
¿Qué desea la comunidad internacional, Partido Popular español incluido? ¿Que se obligue al país a violar flagrantemente el artículo 239 y otros no menos taxativos de la constitución que ha proporcionado paz, estabilidad y democracia a los largo de los 27 últimos años? ¿Que el Tribunal Supremo se inhiba ante las violaciones constitucionales de un presidente demagogo y de incontenible ambición? ¿Que se desoiga la voluntad popular manifestada a través del legislativo de forma casi unánime, pero también, lo que carece de valor legal, a través de encuestas de opinión? Que se restaure a un nuevo dictadorzuelo fascistoide de los que están llevando a Latinoamérica por el camino de la ruina y el enfrentamiento social?
Las cosas no son siempre lo que parecen, pero lo que parecen y lo que son cuando se conocen los hechos es que de golpe militar nada. Veremos qué pasa con el golpe internacional contra Honduras, con Chávez a su cabeza.