Con relativa frecuencia aparecen en la prensa económica quejas de empresas españolas por el desamparo del Gobierno de España en su actividad en el exterior. El caso más reciente es el de BAA, la filial de Ferrovial en el Reino Unido, que es propietaria de siete aeropuertos ingleses. BAA presentó ante la Embajada de España una denuncia por la hostilidad con que la constructora era tratada por el tribunal británico de la competencia, que como es lógico barre para casa sin complejos. Conviene añadir que la sentencia de obligar a vender tres aeropuertos fue hecha pública cuando Ferrovial había realizado enormes inversiones en seguridad aeroportuaria. Según informaciones aparecidas en un diario económico, la labor de apoyo de los diplomáticos españoles a Ferrovial en Reino Unido fue nula, advirtiendo que se trataba de un asunto que concernía a una empresa privada. Probablemente esto no hubiera ocurrido si la compañía hubiera sido francesa o italiana.
Este caso va en línea con lo experimentado por bastantes empresas españolas de gas, petróleo, electricidad, agua, telefonía y banca en la mayoría de los países sudamericanos, y de modo particular en Argentina, Bolivia y Venezuela. Merece la pena recordar cómo Evo Morales expropió a la filial de Repsol en Bolivia, tras que ésta hubiera hecho unas impresionantes inversiones en aquel país andino. Mientras Zapatero le confirmaba que esas acciones no disminuirían las ayudas de cooperación a fondo perdido para el desarrollo y que condonaría la deuda a Bolivia, el tirano tenía secuestrado al equipo directivo para hacer más presión. Es cierto que Evo Morales también se adjudicó otras filiales de compañías extranjeras, pero la diplomacia española fue la más resignada y no aplicó unas medidas de réplica proporcionadas al atropello sufrido.
Respecto a África todos los días se nos está riendo Marruecos, que es quien más ayudas recibe de España a cambio de una sucesión de desplantes. El reino alauita nos tendría mayor respeto si le cerráramos un poquito el grifo y exigiéramos contrapartidas equilibradas a los ayudas que les damos. Otro ejemplo es el incumplimiento de acuerdos de países subsaharianos con España. A pesar de haberles entregado generosas ayudas incumplen sus convenios de repatriación cuando les da la gana, porque saben que España no es de temer. Hasta los piratas somalíes del Índico nos desprecian porque saben que nuestras fuerzas armadas son de paz y que cuando disparan es para asustar. Este comportamiento pacifista es muy distinto al del ejército norteamericano, que tiene orden de su gobierno de responder a los piratas –como éstos se merecen– para que el problema acabe de una vez.
Otra actuación internacional en las que España ha salido perjudicada es la negociación de fondos comunitarios que hizo Zapatero al comienzo de su primer mandato. Francia e Italia fueron más agresivos y salieron mucho mejor parados. También fue penoso el que Zapatero no defendiera un mayor peso de España en la Unión Europea en el 2004, algo que lo tenía muy fácil, pues bastaba con continuar la línea que había mantenido Aznar de mantener el Tratado de Niza del año 2000, para lo que bastaba apoyar a Polonia.
La causa de esa pésima defensa que hace el presidente de España de los intereses de la nación es muy clara: le obsesiona quedar bien, aunque sea a costa de aflojar mucho dinero, un dinero que no es suyo sino de todos los españoles. Cada vez que sale al exterior Zapatero reparte cheques generosísimos, como lo prueba el crecimiento de las ayudas de cooperación a países indigentes. Si de verdad ZP quiere resolver el largo plazo de esas naciones pobres –y que estos se puedan valer por sí mismos– debe renunciar a quedar bien con la UE y promover la supresión de aranceles, tal como proponía Pedro Schwartz esta semana.
Ese aprecio por la propia imagen del presidente suele ser muy caro. Nadie sabe lo que habrá costado a España el que Sarkozy le consiguiera una silla en la anterior cumbre G-20, porque nadie se cree que el presidente galo lo haría gratis. No tengo duda de que los contratos de adquisiciones de tecnología francesa van a recibir el máximo apoyo gubernamental. La duda que muchos tenemos es que este agradecimiento de ZP a Sarkozy haya perjudicado a las empresas españolas que compiten por esos contratos.
Esta ingenuidad de Zapatero de creer que España gana credibilidad cuando no reclama lo que debe tiene una consecuencia: nos hace más débiles y los intereses españoles quedan desprotegidos. Las empresas españolas son las principales perjudicadas de esta concesiva política, pues esos gobiernos proteccionistas no temen represalia alguna del Ejecutivo español. El respeto se consigue cuando se tiene la fortaleza de luchar con coherencia y energía por lo que se considera justo. Zapatero debiera recordar que la política exterior tiene un objetivo exclusivo: el servicio a los intereses de las empresas y los ciudadanos españoles a los que representa y no otros banales motivos.