Muchos han querido ver una luz democrática en el resultado de la votación del Consejo General del Poder Judicial sobre el informe de la Ley del Aborto, que terminará imponiendo a todos los españoles el Gobierno con su mayoría en el Congreso dentro unos meses. En mi opinión, creo que esa buena gente se engaña. Que la mitad del Consejo vote a favor de un horroroso y anticonstitucional proyecto de ley del Gobierno es, sin duda alguna, un fracaso de todo el sistema político español. Ver luz donde sólo hay oscuridad es, a pesar de las buenas intenciones de los observadores, un placebo, un autoengaño, para morir con decoro.
De todos modos, si alguien quiere salir del autoengaño, analice el comportamiento del Tribunal Constitucional ante el recurso contra el Estatuto de Cataluña y saldrá rápidamente de su letargo. Yo, al menos, he leído escandalizado y con estupefacción cómo Elisa Pérez Vera, la ponente del recurso contra el Estatuto de Cataluña, ha eliminado del tercer borrador de la ponencia sus fundamentos jurídicos y citas de jurisprudencia. Aunque sospecho que los juristas habrán sentido vergüenza ajena ante tamaña desfachatez, sin parangón alguno ni en las democracias de nuestro entorno ni en las dictaduras más torpes, no creo que muchos se hayan sorprendido de los tejemanejes de la ponente del Tribunal Constitucional si conocen su trayectoria política y jurídica.
La señora Pérez Vera es un arquetipo de juez o magistrado al servicio del Poder Ejecutivo. "Nombrada" por Manuel Chaves, en 1993, presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, posteriormente fue promovida por el mismo Chaves para ocupar un puesto de magistrado en el Tribunal Constitucional. Pérez Vera es de las que cambia de criterio como de vestido. Seguramente, lo que decía ayer sobre la financiación autonómica, o cualquier otro asunto, lo cambiará si se lo ordena su jefe político. Eso es todo. Elisa Pérez Vera es todo un ejemplo de "profesional" del derecho al servicio del poderoso. Trasímaco, el viejo y cínico sabio griego, vería en ella una confirmación de su tesis: el derecho sólo refleja la verdad del más fuerte y poderoso.
He ahí una prueba de que la democracia y, sobre todo, la fuerza de la justicia en la democracia española es sólo un sueño. Es verdad aceptada por la sociedad española, especialmente por la sociedad civil más desarrollada política e intelectualmente, que tanto el poder judicial como el legislativo están determinados por el poder ejecutivo. El gobierno lo controla todo y el presidente ejerce el poder casi sin someterse a control alguno de nadie. Naturalmente, hay algunas excepciones de esa pauta universal que, desgraciadamente, nos hacen creer que vivimos como si aquí existiese una democracia. Pero, en realidad, la separación y balance entre los tres poderes citados es algo inexistente; lo único real, por el contrario, es que "sobrevivimos" como si hubiera algo parecido a la democracia.
Sobrevivir democráticamente, sí, es el placebo que nos damos para que la muerte política y democrática de los españoles sea un poco más llevadera. Así, no hay ciudadano decente en España, sin importarnos ahora la comunidad autónoma que le toque padecer, que no busque motivos, razones, en fin, excepciones en nuestro sistema político para seguir luchando por una vida democrática digna de tal nombre. En esa especial circunstancia tenemos que situar a quienes han visto un respiro en la votación del Consejo General del Poder Judicial. Pero, en mi opinión, lo único cierto es que, en los últimos tiempos, no es fácil descubrir esas excepcionalidades para animarnos a seguir participando en un régimen político cada vez más cerrado y sin otras iniciativas gubernamentales que las derivadas de la obsesión por permanecer en el poder a cualquier precio, incluido el hundimiento de España como nación...
En fin, en una España uniformada por la revolución social de Zapatero, cada vez costará más hallar esos "placebos", esas pequeñas ilusiones, que nos alarguen nuestra dulce muerte democrática; quizá por eso, porque el proyecto autoritario socialista está triunfando como pocos habían previsto, muchos analistas políticos han visto una luz en el informe del Consejo Poder Judicial sobre el proyecto de ley del Gobierno. Pero, insisto, no es una luz sino la constatación de una derrota. Es la gran derrota de la democracia.