Los lectores seguro que recordarán la inconstitucional y tristemente célebre "ley de la patada en la puerta" o "ley Corcuera" con la que el anterior Gobierno socialista, con la excusa de la lucha contra el tráfico de drogas, pretendía que la policía pudiera registrar cualquier domicilio sin previa autorización judicial. En mi opinión y salvando las distancias, algo parecido pretende hacer ahora el Gobierno de Zapatero al decidir que la Agencia Tributaria, sin necesidad de iniciar proceso judicial alguno, pueda embargar hasta 20.000 euros de las cuentas corrientes y de ahorro de aquellos ciudadanos que, en su opinión, tengan cuentas pendientes con el fisco. Hace apenas dos años, la cantidad máxima que la Administración podía confiscar de esta manera tan "directa" y ajena a lo que debe ser un Estado de Derecho, era de 4.000 euros, cinco veces menos de lo que será ahora tras la entrada en vigor de esta modificación que la eleva de los 6.000 actuales hasta los 20.000.
La reforma, publicada ayer en el BOE y que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, hará que no pocos españoles se vean sorprendidos en pleno verano por un embargo de una importante deuda que hasta ahora desconocían, ya que la notificación de la Administración la verán a la vuelta de las vacaciones.
Naturalmente lo que está detrás de esta medida no es otra cosa que la voracidad fiscal de un Gobierno que, a pesar de la subida de impuestos, ha sido incapaz de evitar una caída de los ingresos estatales del 25% entre enero y mayo, ni de mitigar un déficit que alarmantemente asciende hasta el 10% del PIB. En lugar de apretarse el cinturón y, en su caso, agilizar el funcionamiento de la justicia, lo que hace el Gobierno es dejar al margen a los tribunales, y entrar a saco, con razón o sin ella, en nuestras cuentas bancarias. Para muchos ciudadanos este atropello –que lo es en cualquier caso al no tener autorización judicial– puede suponer una indefensión definitiva pues, con esa cantidad embargada, serán muy pocos a los que les queden ahorros disponibles para emprender un recurso.
Este atropello, más que un "exceso de celo en la recaudación fiscal", como dice Expansión, es un auténtico y bochornoso desprecio al Estado de Derecho, que supone, además, un insufrible agravio para los ciudadanos a los que las Administraciones Públicas les deben más de 400.000 millones de euros.
Ignoro si esta medida liberticida cuenta con el conocimiento o la condescendencia de la oposición. Para mí, exigiría un pleno extraordinario en el Congreso y un recurso de inconstitucionalidad. Las vacaciones no pueden ser excusa para no poner freno a este atropello. Los ingleses decían aquello de my home is my castle en defensa de la inviolabilidad del domicilio de todo ciudadano. Algo parecido deberíamos decir también en defensa de nuestros "domicilios" bancarios.