En muchas ocasiones se acusa a los liberales de "economicistas" o "materialistas" por atender demasiado a los asuntos económicos y prestar muy poca atención a otros, como los derechos o libertades de los ciudadanos. Al margen de la justicia que esta acusación pueda tener en cada caso particular, lo cierto es que suele estar sesgada de partida por considerar que en economía no existen derechos ni libertades que merezcan respetarse.
Así, el justo escándalo que produjo –también entre liberales– las pretensiones del entonces ministro de Interior José Corcuera de permitir a los policías registrar los domicilios sin orden judicial se torna indiferencia cuando la medida consiste en que el Gobierno pueda quitarles a los ciudadanos hasta 20.000 euros porque así lo estime oportuno, sin que un juez lo autorice. Esta patada en la puerta fiscal no supone un ataque a nuestros derechos de la magnitud de aquella intentona de Corcuera, pero tampoco es un cambio administrativo sin importancia, como sin duda argumentarán muchos de los que se llenan la boca hablando de derechos.
Así, la decisión arbitraria de cualquier funcionario de Hacienda puede suponerle a cualquier ciudadano un brutal menoscabo en su patrimonio, en el dinero ganado con el sudor de su frente. Comprendemos que a nuestros políticos la cifra le parezca menor, pero a la mayor parte de quienes no vivimos a cuerpo de rey a costa de los impuestos que pagan los demás 20.000 euros es una cifra considerable. El Gobierno parece considerar que siempre tiene la razón frente al indefenso ciudadano y puede expoliarle a placer. Pero ningún Estado de Derecho que se precie de serlo puede permitirlo. La presunción de inocencia también es aplicable a las insaciables exigencias de la Agencia Tributaria.
La democracia no consiste sólo en acudir a las urnas. Exige para poder ser calificada como tal de una serie de límites al poder de los electos, para que no puedan aplastar a los gobernados, que sólo cuando existen esos frenos pueden calificarse de ciudadanos. Por eso Chávez no es un gobernante democrático, por más que en Venezuela haya elecciones; su poder en el país carece de límite alguno. Salvando las distancias, aún considerables, esta medida avanza en la mala dirección.
Sin duda, la causa de la adopción de esta medida es "el satisfactorio funcionamiento" de este procedimiento y la urgencia de sacar dinero hasta de debajo de las piedras en un momento en que los ingresos fiscales caen, porque la economía también lo hace, y los gastos del manirroto Zapatero suben sin medida. Pero la reacción adecuada ante esta situación es reducir gastos, no los derechos de los ciudadanos.