Más que "transitoria", la dimisión presentada este martes por Luis Bárcenas como tesorero del PP debería ser calificada como tardía e insuficiente. Para empezar, Bárcenas no sólo se negó a dimitir en tiempos en que la Fiscalía Anticorrupción no veía ningún indicio contra él y sólo unas filtraciones a determinados medios de comunicación lo relacionaban con las investigaciones de Garzón en la operación Gürtel. Bárcenas –con el visto bueno de Rajoy– siguió ostentando su cargo aun después de que el caso pasara de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de que su juez instructor, Antonio Pedreira, pidiera al Tribunal Supremo su imputación por delito fiscal y cohecho. Bárcenas –con el visto bueno de Rajoy– también siguió ostentando su cargo aun cuando el propio Tribunal Supremo también consideraba que había "indicios suficientes" para investigarlo. Incluso entonces, Bárcenas –con el visto bueno de Rajoy– tampoco tuvo empacho alguno en comparecer ante el Supremo compaginando su condición de responsable en activo de las finanzas de su partido y de imputado provisional, acusado de haber recibido más de un millón de euros a cambio de facilitar contratos a las empresas de Correa.
Por mucho que finalmente no haya esperado a presentar su dimisión hasta que el Supremo haya resuelto si pide o no el suplicatorio, el daño que ya ha hecho Luis Bárcenas a la imagen de su partido es enorme, con independencia de que sea o no formalmente imputado e incluso con independencia de que sea finalmente declarado inocente. La política tiene sus privilegios pero también sus deberes y servidumbres. Una de estas últimas es no vincular la responsabilidad política a la responsabilidad judicial o penal. Precisamente por "lealtad al partido", como ahora él dice, y sin poner en cuestión su derecho a la presunción de inocencia, Bárcenas debería haber dimitido –o haber sido cesado por Rajoy– mucho antes. Ahí está el ejemplo dado por López Viejo u otros subordinados de Esperanza Aguirre al presentar hace meses, sin ser tampoco formalmente imputados, su dimisión. Ni ellos al presentarla ni Aguirre al aceptarla quebrantaron su derecho a la presunción de inocencia, pero sí evitaron un enorme daño a la imagen de su partido que no han evitado Bárcenas y Rajoy con su tardía decisión compartida.
Una tardía decisión que, en el caso de Bárcenas sólo alcanza además a su condición de Tesorero pero no a la de senador del PP. Con independencia del momento procesal en el que estamos o los efectos que tuviese su condición de aforado, la imagen del PP todavía sigue viéndose de esta forma perjudicada.
Por otra parte no es de recibo que, por muy "transitorio" que pretenda ser este cese, y por muy a la "espera" que se esté a que "la inocencia de Barcenas quede acreditada ante las instancias judiciales", tal y como dice en su breve comunicado, el Partido Popular no haya designado un sustituto para hacerse cargo de las finanzas del partido. La función de tesorero es muy importante para que no la ocupe nadie a partir de ahora, y apelar a la presunción de inocencia o a una pronta acreditación judicial de la misma para justificar ese vacío es una irresponsabilidad política sólo superada por la de no haber cesado a Bárcenas mucho antes.