Los que ya en los años cincuenta veíamos en la libertad un valor fundamental para el desarrollo de la persona humana, y la privación de la misma como una forma de esclavitud más o menos encubierta, pusimos nuestras esperanzas en aquel momento en el que nuestros sueños se convertirían en realidad, y un nuevo sistema político se configuraría como el mejor aliado para que una libertad sustantiva, y no simplemente formal, fuera el marco de convivencia de una comunidad que había añorado el hecho de saberse libre.
Los ciudadanos se sentían disminuidos en sus derechos políticos, porque, entre otras cosas, no se sentían representados por unos procuradores a los que nadie había delegado la procura de sus intereses. Los trabajadores nunca llegaron a entender –la verdad es que el empeño en ello estaba llamado al más absoluto fracaso– que sus derechos estaban garantizados por una organización sindical, a cuya cabeza se situaba nada menos que un ministro del Gobierno, en cuyo nombramiento no habían tenido la más leve participación. Los universitarios conocían su frustración cuando su criterio no tenía relevancia alguna a la hora de decidir el gobierno de la Universidad, siendo los rectores, decanos y directores unos seres extraños que, a modo de hábiles paracaidistas, aterrizaban en la institución como titulares del poder de gestión y sin compromiso alguno con la comunidad afectada que les obligara a dar cuenta del resultado de su actividad. Al fin y al cabo, ellos venían de otro mundo y no se debían a la familia en la que administraban su poder. Como estos casos, una larga lista de situaciones análogas estaban recordando en todo momento al pueblo español que entre sus atributos no se encontraba el de la libertad. Y cuando levantábamos la voz poniendo de manifiesto estas carencias, se nos respondía que aquellos representantes lo eran, no de ningún sujeto singular, sino de la voluntad esencial de la comunidad, en la que todos estábamos insertos.
¿Han cambiado tanto las cosas? Sí, ya sé que formalmente sí, pero a mí, lo que me importa no es tanto lo formal, como lo sustantivo. En efecto, hay elecciones, por lo que aquellos "procuradores" que no representaban a nadie, hoy, convertidos en "diputados " y "senadores", representan formalmente a sus electores y, repito, al menos formalmente. No se ha eliminado, sin embargo, pese a la elección que subyace en la representación, que las decisiones efectivas de gobierno se tomen en consideración a los intereses de las minorías, porque son éstas las que permiten permanecer en el poder a los que lo detentan. ¿Será que estas minorías son las herederas de aquella voluntad esencial de la población? Vaya usted a saber.
Pero hablando de elección: ¿qué volumen de trabajadores han elegido con su voto a los ufanos representantes de las organizaciones sindicales? Por cierto, que parece que se ha olvidado pero no son sólo UGT y CCOO las únicas organizaciones sindicales en España y, hasta donde yo conozco, las otras aún no son clandestinas como lo fueron algunas en otros momentos de nuestra historia. Aunque volvamos sobre el asunto, todavía formal, de las elecciones. ¿Cuántos han decidido con su voto que sean los que son? Y espero que en la respuesta no se me lleve, porque hace mucho que estoy de vuelta de aquellos artificios, a la teoría de la democracia indirecta, mediante la cual el voto directo en origen acaba siendo utilizado para un resultado perverso contra la voluntad original, a través de un itinerario en cascada invertida, para decidir la cúspide de la organización.
Y aún con las carencias múltiples del sistema, decidida la cabeza organizativa, ¿se compromete ésta visiblemente con los objetivos de la base o mira más arriba para asegurar su sostenimiento? O dicho de otro modo, el compromiso, o algo que se le parezca, ¿lo es en sentido horizontal, con el entorno social al que se pertenece, o lo es en sentido vertical, con aquel de quien económicamente se depende? Esto es cosa hecha cuando quien preside el Gobierno ostenta con orgullo su dimensión cromática, con la pretensión de que ser rojo es un mérito social, olvidando los millones de muertos que los rojos han producido a la humanidad, por encima de la peor peste, a lo largo del siglo XX. Bien es verdad que los sindicalistas de hoy no son ministros del Gobierno, como lo fueron en la otra verticalidad, pero ¿para qué necesitarían serlo?
La verdad es que, al menos en apariencia, gobiernan, en cuanto que le dicen al presidente a quién debe escuchar y a quién no, cómo deben de ser las medidas que surjan del Consejo de Ministros, cómo no deben de situarse a mitad de camino entre las pretensiones de unos y las de otros sino en la parte que ellos mismos, y sólo ellos, definen como parte social; es decir, Gobierno y Sindicatos. Y, ya que estamos en la utilización de vocablos confusos, ¿por qué ese apelativo de "social"? ¿Cuándo han creado, los sindicatos, un puesto de trabajo? Por el contrario, ¿cuántos puestos de trabajo han destruido sus huelgas, piquetes informativos, manifestaciones, reivindicaciones y, encima, alimentados con los impuestos de todos los españoles, también de los que los sufren?
La diferencia es que aquella primera verticalidad sindical tenía marcado un final que, aunque incierto en el tiempo, todos estábamos seguros de que se produciría, y ese deseo mantenía nuestra esperanza. La verticalidad de hoy, es decir la roja –hago referencia al color, sólo porque sé que les gusta– temo que no tiene un final próximo; es más, ni siquiera veo próximo el momento en que se propongan vivir de los recursos de sus afiliados. A mí, de momento, me bastaría con esto; no pido ni espero más.