Entre los que creen que el proceso judicial contra Camps es, por un lado, un montaje para descabalgar de la presidencia de la Comunidad de Valencia al PP, y, por otro lado, los que piensan que la sentencia del TSJV deja a todos en su lugar, prefiero situarme a una prudente distancia escéptica de esas posiciones. Porque estoy lejos de creer que el Derecho pueda ser fuente de legitimidad de la política, digo que la corrupción del Derecho, o sea su ilimitada manipulación, es hoy la vara de medir la corrupción de la democracia española. Si alguien no cree que el Derecho puede servir para tanto, sólo tiene que mirar al PSOE, quizá el único partido socialista europeo que ha hecho del "uso alternativo", o sea espurio, del Derecho la principal fuente de su acción en la historia reciente de España.
Por eso, me atrevo a mantener que la corrupción del Derecho por parte de políticos y juristas, y sus diferentes usos, están acabando con el débil sistema político español. El Gobierno y la oposición han decidido seguir usando la corrupción de todas las corrupciones en el actual sistema político español: "Hacer creer que la fuente principal de legitimidad de la acción política es la justicia". Ya sé, ya sé, que es un horror tal afirmación, sobre todo, si pensamos en jueces cómo Garzón y compañía. Jueces que hacen depender sus normas de conductas judiciales, según sus propias manifestaciones, del color político del Gobierno; pero, por desgracia, la realidad es así de cruda. O nos hacemos cargo de ella o nos dejamos engañar por los dos principales agentes institucionales de la política española, sí, por los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, pues que también tiene mucha culpa de esta política "reductora" el partido de Rajoy.
El sistema político español, desde el punto de vista del uso del Derecho, está corrupto por todas partes. Es inservible. Pero, sin duda alguna, los dos grandes beneficiados de esa corrupción intentarán ocultarlo. Seguirán acusándose recíprocamente sin ninguna limitación verbal. Los dos grandes partidos son carceleros y rehenes de un sistema inviable para llevar a cabo una política con unos grados mínimos de decencia. PSOE y PP apostaron hace ya mucho tiempo, demasiado para poder ser corregida, por un tipo de acción política que, en caso de legitimidad dudosa, sólo el ámbito del Derecho y los Tribunales de Justicia se la podría otorgar.
Quizá ese modelo hubiera funcionado allí donde existiera una genuina separación de poderes, pero aquí, en la España de la Transición y la democracia a la carta de los nacionalistas, era sólo un simulacro. Era y, por supuesto, es la gran mentira. La gran trampa de la democracia no es otra que creer que la acción política, en caso de duda, tenga que sustanciarse en el ámbito jurídico (dejaré para otra ocasión el espacio electoral). Reducir la política a lo que digan los jueces ha sido una forma ruin que han tenido los políticos de eludir sus responsabilidades y, de paso, corromper tanto la política como la justicia. Los políticos simulan ser rehenes de la justicia, cuando en realidad toda la justicia española depende de ellos, ¿o acaso existe otro sistema democrático que pudiese dar lugar a un juez como Garzón, que pasó sin ningún tipo de justificación de ocupar un cargo político, en la administración socialista, a ejercer en todo tipo de causas contra el PP? Sospecho que España es modelo en este tipo de jueces. Y, ¿quién en su sano juicio puede creerse las intenciones democráticas de una vicepresidenta del Gobierno, señora De la Vega, que anuncia, adelantándose al Ministerio Público, la decisión de la Fiscalía General del Estado de recurrir la sentencia que sobresee el procesamiento de Camps? No creo que haya nadie que, sepa distinguir, entre el poder ejecutivo y el judicial, que justifique la conducta "dictatorial" de la vicepresidenta del Gobierno.
Por otro lado, ¿cómo podemos confiar en unos políticos que creen que todas sus responsabilidades pueden quedar resueltas por unas sentencias más o menos acertadas? Sólo quien esté fanatizado por la ideología de uno de los dos grandes partidos, en mi opinión, podrá decir que es normal en otras democracias lo que sucede en España. Claro que la política y la justicia están relacionadas más aún, la justicia es un factor fundamental en toda democracia de calidad; pero, en España, desconfíen de todo partido político, sin que les importe demasiado su color y tradición ideológica, que lleva a los tribunales de Justicia lo que es incapaz de sustanciar en el ámbito propiamente de la política, o sea en la calle, en las urnas, en las instituciones y, en general, en todas las esferas que los políticos inventan para hacer política.
Desconfíen, sí, de quienes no tienen otra estrategia que "juridificar" o judicializar lo que debería ser un debate sin otro final que el consenso, aunque éste sea sólo para seguir discutiendo.