El PSOE está aprovechando a fondo la torpeza demostrada por el PP en la denuncia de unas supuestas escuchas ilegales realizadas contra altos cargos del partido. Al no acompañarla de datos demasiado convincentes ha dado pie a que el Gobierno, los sindicatos policiales, las asociaciones de jueces y la práctica totalidad de los medios hayan protestado por el ataque que supone una acusación tan grave lanzada sin pruebas. Si la dirección popular hubiera sido más inteligente habría reunido todos los datos posibles e incluso intentado tender alguna trampa que pudieran tomar como pie para una denuncia en cuanto se filtrase a alguno de los medios próximos al poder. Pero al actuar como han actuado, han provocado que sólo les crean los más fieles.
Sin embargo, los socialistas tienen poco de qué presumir en este ámbito. La demostración más palpable es el caso Palma Arena. Después de un año de instrucción, se encarceló a varios dirigentes populares justo después de que el TSJCV archivara la causa contra Camps, pese a lo cual luego se agotó el plazo máximo de 72 horas que marca la ley para los detenidos sin cargos antes de que comparecieran ante el juez. Todo ello a pesar de que se habían ofrecido a declarar voluntariamente. Y si en el caso del presidente de la Generalidad Valencia se llegó hablar de la existencia de una "pena de banquillo" mayor que una posible condena en caso de que se hubiera llegado a juicio, no cabe duda de que a los imputados en Mallorca se les ha impuesto una suerte de "pena de esposas", llevándoles a disposición policial de una forma que no se suele emplear ni con los detenidos por acusaciones muchos más graves. De dos en dos, unidos por las muñecas derechas, obligados a caminar despacio y torpemente y facilitando así la labor de los reporteros gráficos. Por orden de la Fiscalía Anticorrupción.
Pocos partidos existen en España que, en relación con su tamaño, tenga tantas causas abiertas contra sus dirigentes por corrupción como los socios del PSOE en el Gobierno balear, Unió Mallorquina (UM). Sin embargo, ninguno de sus miembros se ha visto humillado de esta manera cuando ha tenido que comparecer ante un juez. Y si recordamos casos recientes en lo que haya estado implicado el PSOE balear la discriminación que denuncian los dirigentes del PP es aún más palmaria. Conde Pumpido llegó a reconocer haber dado orden de paralizar la investigación del caso Ibiza al poder estar implicado José Blanco. Es más, el fiscal que investiga el caso no apareció por el juzgado donde debía interrogar a uno de los altos cargos socialistas porque había sido asignado a un "juicio medioambiental" el mismo día. Qué casualidad.
Aparte de la presunción de inocencia que merecen todos los acusados de todos los partidos, no estamos dando por hecho que en el escandaloso sobreprecio pagado por el velódromo no hayan existido contraprestaciones de algún tipo al PP. Pero parece claro que existe un doble rasero por parte de la Fiscalía de Conde Pumpido y De la Vega a la hora de tratar los casos, que no depende de su gravedad sino del color político de los acusados. Y eso es intolerable en un Estado de Derecho.
Debemos dar la razón a lasasociaciones de jueces y sindicatos policialescuando exigen al PP que ponga una querella o se calle. Sin embargo, el PSOE de Zapatero carece por completo de legitimidad para denunciar un supuesto"ataque al Estado de Derecho"de Cospedal por su denuncia de las escuchas ilegales desde el momento en que mandó detener a dos militantes del PP por el delito de estar cerca de Bono en una manifestación organizada por las víctimas del terrorismo. "El ministro quiere detenciones y las habrá"; por lo que parece, la Fiscalía quería ahora humillar a varios dirigentes populares y dar carnaza a los medios después de fracasar con Camps, y así se ha hecho. Por favor, que no se hagan ahora las damiselas ofendidas quienes más y mejor han atacado las instituciones que juraron defender.