El régimen de las autonomías español, con todos los problemas e inconvenientes que pueda tener, sirve al menos de campo de pruebas económico para ver qué sistemas y regulaciones funcionan y cuáles no; qué modelos sociales permiten generar riqueza de manera sostenible a largo plazo y cuáles tienden a destruirla y a sepultarla.
La cuestión tiene su importancia, ya que puede servir de ejemplo para que los ciudadanos sin una clara inclinación ideológica y que están más bien preocupados por mejorar su nivel de vida, voten a aquellos políticos que les ofrezcan reformas en el sentido adecuado. Un asunto que si ya resulta fundamental en condiciones normales, en medio de la crisis más severa desde la década de los 30 puede marcar la diferencia entre el bienestar y la pobreza para muchas familias españolas.
Pues bien, atendiendo a los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el modelo económico más abierto y más orientado hacia el liberalismo de entre las distintas comunidades españolas, el de la Comunidad de Madrid, es el que menos empleo destruye frente a uno de los modelos más cerrados e intervencionistas de España, el de Cataluña, que es el que más puestos de trabajo pierde.
Desde luego no se trata de una casualidad. La ciencia económica desde Adam Smith –e incluso antes, con nuestra Escuela de Salamanca– ya era consciente de que las sociedades más libres y abiertas son las que más riqueza y prosperidad crean. En este sentido, no es sorprendente que Madrid –por mucho que les moleste a los sindicatos, partidarios de una intensa regulación de la vida de las familias y de las empresas– sea una de las que mejor paradas salga en las estadísticas laborales y Cataluña una de las peores.
Y es que si, por ejemplo, acudimos al Índice de Libertad Económica en las Comunidades Autónomas, elaborado por la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección del profesor Francisco Cabrillo, podremos comprobar que Madrid es la región española con una menor incidencia de las regulaciones administrativas, mientras que Cataluña es una de las que más las padecen; conclusiones análogas a las que podríamos extraer si miráramos el índice de dimensión del sector público donde, de nuevo, la de Madrid aparece como la comunidad más austera de España.
Sin embargo, cometeríamos un error si creyéramos que los obstáculos económicos y sociales explícitos a la movibilidad de personas y capitales que observamos en Cataluña y en Madrid son los únicos relevantes a la hora de explicar sus diferencias. Cataluña lleva más de 30 años gobernada por un grupo de políticos nacionalistas de distintos partidos obsesionados por segregarse, diferenciarse y distanciarse del resto de los españoles; una casta política que mira al resto de regiones con desconfianza y desprecio, que trata de dificultar la convivencia y la libertad individual con todo tipo de artificiales barreras lingüísticas y culturales y que está convencida de que la causa de su estancamiento no es el progresivo deterioro de las libertades, sino una especie de conspiración española para atracar a Cataluña.
En cambio, en Madrid todas estas discusiones simplemente carecen de sentido. Sus políticos no han intentado cerrar la comunidad al resto de España y desde la llegada de Esperanza Aguirre, se han seguido un conjunto de políticas favorables a respetar la libertad de sus ciudadanos y de sus empresas.
Al final, los distintos modelos políticos marcan la diferencia en asuntos tan vitales como el nivel de desempleo. No es que éste sea el motivo esencial para preferir una sociedad más libre y menos intervenida como la madrileña frene a otra mucho más sometida al poder político como la catalana. Pero ya dijo Karl Popper que el hecho de que libertad y riqueza fueran de la mano era una muy feliz coincidencia.