La versión 1.0 del Obamacare está descartada. La oposición nacional generalizada tumbó la monstruosidad de 1.000 páginas que salió del Congreso en diversas ediciones, debido no sólo a su coste y a su intrusismo, sino a la mentira con la que se vendió. No hay que tener un doctorado para entender que la promesa de ampliar la cobertura y reducir el gasto es un engaño sin paliativos, ni que no se pueden restar 500.000 millones de dólares del presupuesto del Medicare sin que ello afecte a la cobertura.
Pero hay una estrategia de salida. Y es una estrategia políticamente inteligente, si es que los demócratas son lo bastante hábiles como para aprovecharla.
Primero, prescindir del seguro público. Independientemente de sus méritos, y son pocos, es un veneno político. Es algo de sentido común: como ha observado Mara Liasson, ningún demócrata, por muy izquierdista que sea, perderá su escaño si el seguro público es descartado, mientras que hay muchos demócratas moderados que sí podrían hacerlo.
Segundo, desechar cualquier referencia a la atención clínica del paciente terminal. La gente entiende (con razón) que al financiarse del Medicare consistirá en una manera sutil de fomentar un rechazo voluntario de seguir con el tratamiento. La gente no quiere que el gobierno participe en un proceso que consideran que pertenece al ámbito privado del paciente, familia y médico. El Senado va a descartarla ya. La Cámara debe ser la siguiente.
Tercero, hacer un menor énfasis en la idea de que los comités gubernamentales van a determinar cuáles son las "mejores prácticas médicas". El Consejo de Coordinación Federal de Investigación de la Eficacia Comparativa del presidente Obama se vendió como una simple instancia pública que ayuda a los médicos a elegir el mejor tratamiento. Pero hay docenas de artículos de publicaciones médicas especializadas que cumplen precisamente ese papel. La finalidad real del Consejo es en última instancia el establecimiento de criterios oficiales para denegar el reembolso de los tratamientos que cuenten con menos apoyo político (por ser supuestamente menos efectivos); algo así como la clasificación que realiza el Comité NICE en el Reino Unido, el organismo orwelliano que hace un tiempo impedía el acceso a cierta medicina anti-ceguera que era demasiado cara hasta que el paciente se quedara tuerto.
Cuarto, más en general, hay que desechar la consigna entera del Obamacare como un plan destinado a reducir el gasto. Es cierto que fue la excusa original de Obama para crear un derecho social nuevo en un momento de crisis económica con quiebra de las arcas públicas incluida. Pero, como se quejan tantos progres partidarios de la atención universal, ofrecer lamentos es una mala estrategia de marketing.
Y quinto, prometer sólo ventajas... al menos por ahora. Hacer la sanidad universal y permanentemente protegida. Romper con los proyectos de ley existentes y escribir uno partiendo de cero –Obamacare 2.0– promulgando una regulación sanitaria draconiana que prohíba a) negar la cobertura de las enfermedades desarrolladas con anterioridad a la firma de la póliza, b) negar la cobertura si el cliente enferma, y c) limitar las pólizas de las aseguradora.
¿Qué parte de todo esto no le va a gustar a la gente? Los estadounidenses que tengan un seguro, no lo van a perder nunca. Ni siquiera a sus hijos se les va a negar jamás la cobertura médica de enfermedades anteriores a la fecha de la póliza.
Las aseguradoras reguladas obtienen a cambio dos cosas. El gobierno impondrá un ordenamiento individual que obligará a millones de ciudadanos jóvenes y saludables que hoy no quieren suscribir un seguro médico a que contraten uno. Y además subvencionará a todos los demás cuya renta sea demasiado baja como para pagar un seguro de salud. ¿El resultado? Dos nuevas fuentes de ingresos extra para las aseguradoras generados por obra y gracia del gobierno.
Y estas características son las que lo volverían tan seductor desde un punto de vista político: el resultado final es el sueño progresista de una cobertura universal y garantizada, pero sin una abierta nacionalización. Todo se hace a través de aseguradoras privadas. Aparentemente privadas. Ellas, en realidad, se han convertido en empresas de servicios públicos. Incapaces de controlar ya a quien aseguran, a quien dejan de prestar cobertura y en cuanto pueden limitar su propio riesgo, vivirán de la generosidad del gobierno: de las pólizas subvencionadas de los pobres y de las pólizas obligatorias de los jóvenes sanos.
Es el truco imperceptible perfecto: atención médica pública por ley. Y dado que es por ley, y que garantiza el acceso a la protección médica (supuestamente) privada –algo que goza de considerable apoyo entre los republicanos– será aprobado con amplio respaldo bipartidista y concederá a Obama una contundente victoria política.
¿No tiene ninguna pega? Por supuesto que sí. Este plan es la típica táctica comercial de dar gato por liebre. Lo bueno viene ahora, los lamentos después. La cobertura sanitaria universal y virtualmente ilimitada subvencionada por el gobierno agravará considerablemente el descontrol del gasto público en sanidad. Las consecuencias financieras y presupuestarias serán catastróficas.
Sin embargo, los problemas no se presentarán inmediatamente. Y cuando lo hagan, la única solución será el racionamiento. Será entonces cuando los izquierdistas otorgarán competencias reguladoras al Consejo de Obama y los estadounidenses tendrán consultas clínicas para enfermos terminales.
Pero en ese momento la resistencia ya será demasiado débil. ¿Por qué? Porque en ese momento la única alternativa será renunciar a prestaciones a las que nos habremos acostumbrado. Una vez implantada, a la sanidad universal no se renuncia por las buenas. Fíjese en Canadá. Fíjese en Gran Bretaña. Se engancharon y ahora la racionan. Lo mismo que haremos nosotros.