Parece claro que el Gobierno carece por completo de una estrategia frente a la crisis, salvo la que se dirige a bloquear cualquier decisión en la buena dirección. En un primer momento, a mediados de 2008, Zapatero apostó por reducir impuestos, eliminando el de patrimonio e introduciendo una deducción de 400 euros en el IRPF. Era una medida correcta pero que no se vio complementada con su imprescindible contrapartida: reducir el gasto público en la misma cuantía en que se estaban minorando los ingresos.
Si el Estado percibe menos impuestos también deberá dejar de financiar las partidas de gasto que se venían costeando con esos ingresos; en caso contrario, la tendencia será a que el déficit público se incremente (como los japoneses han descubierto de manera dolorosa durante dos décadas) y, por tanto, a que los tributos que nos rebajen hoy debamos pagarlos mañana con sus correspondientes intereses.
La tímida rebaja fiscal que implementó Zapatero siguiendo las directrices keynesianas terminó, por tanto, como acaba todo lo que mal empieza: crecimiento del déficit, expulsión del crédito del sector privado, agravamiento de la crisis y destrucción generalizada del desempleo. Ante este terrible escenario, el presidente del Gobierno se cerró en banda con que los trabajadores no iban a sufrir las consecuencias de la crisis. Declaraciones que fueron seguidas por más de un millón de nuevos parados que probablemente no compartan el optimismo de Zapatero.
Parece claro que el desarrollo de los acontecimientos ha desbordado al Ejecutivo, que no esperaba que sus políticas socialdemócratas se toparan con la tozuda realidad económica. Y ahora toca improvisar –por mucho que él lo niegue diciendo que está gobernando– dentro de los estrechos márgenes que su sectarismo ideológico le permite. Con unos gastos disparados y un mercado de trabajo petrificado, al Gobierno sólo se le han ocurrido dos cosas: dejar las cosas como están en materia laboral y subir impuestos.
Se quejaba ayer Corbacho de que él es quien menos instrumentos posee para reducir el desempleo. Podría tener cierto sentido que semejantes palabras las pronunciara un ministro que se enfrentara a un mercado laboral totalmente liberalizado donde el peso y la intervención del Gobierno –directa o indirecta, vía sindicatos– fuera casi nula. Pero en un mercado laboral como el español, mundialmente reconocido como uno de los menos libres y flexibles, al nivel de países como Zimbabue o Camerún, el todopoderoso ministro del ramo no debería pelearse con los hechos crudos y negar que, desgraciadamente, dispone de más poderes de los que debiera.
De hecho, sin esas masivas regulaciones que encarecen artificialmente el coste de la contratación es muy probable que España no fuera el farolillo rojo de la OCDE en materia de desempleo, algo que le quitaría una excusa, por cierto, al presidente del Gobierno para acometer su ambicionado incremento de los impuestos.
Dice Zapatero que no piensa tocar los tipos a los que tributan las rentas del trabajo y que se limitará a cebarse en las del capital. Sangría imprescindible, en su opinión, debido al enorme volumen de desembolsos a los que se está enfrentando el Ejecutivo; a saber, las políticas de cohesión social derivadas del paro y los nuevos fenómenos como la pandemia de la gripe A.
Ni palabra, claro, del despilfarro de 8.000 millones en el Plan E, de los 11.000 millones necesarios para comprar las voluntades de los presidentes autonómicos o de los más de 30.000 millones destinados a rescatar de manera indiscriminada a todo el sistema financiero más sólido del mundo. Por lo visto, todos estos fondos, y muchos otros que engordan el presupuesto y que podrían eliminarse sin que los españoles percibieran cambio alguno (salvo, claro, aquellos que viven directamente de tales dádivas), no tienen ninguna relación con el hecho de que este año tengamos un agujero en las cuentas públicas similar a lo que probablemente terminemos ingresando por IRPF e IVA. Cien mil millones de euros que ha dilapidado Zapatero no se sabe muy bien cómo pero cuya factura comenzaremos a pagar el año que viene. Especialmente, según nuestro presidente del Gobierno, aumentando la tributación a las rentas del capital, a "los ricos".
Sólo hay tres problemas en este simplista razonamiento socialista en el que no parecen haber recaído. Primero, las clases medias españolas, y no sólo los ricos, también perciben rentas de capital: intereses en el banco, dividendos de acciones y plusvalías por alguna operación bursátil. ¿Seguirá sosteniendo el PSOE que los trabajadores no sufrirán de su voracidad recaudadora? Segundo, la recaudación total de las rentas del capital en 2008 apenas alcanzó los 7.000 millones de euros. ¿Con esto pretende eliminar Zapatero un déficit de 100.000 millones y, al mismo tiempo, seguir sufragando los gastos extraordinarios de, según él, la gripe A, el paro y una mayor inversión pública? Y tercero, si hay una manera rápida de agravar la crisis es atacando el capital, uno de los mayores depósitos del ahorro nacional. En tiempos de recesión, si algo necesitamos es que se genere más ahorro para que surjan nuevas empresas que contraten a los parados y para que parte del enorme volumen de deuda que sufrimos se amortice poco a poco. ¿Estamos dispuestos a que el Gobierno succione el ahorro nacional que sigue generando riqueza y lo malgaste en construir piscinas, pabellones polideportivos y nuevas aceras?
En lugar de eliminar todo el gasto superfluo y apretarse el cinturón para, eventualmente, reducir impuestos, el Ejecutivo opta por el camino inverso: incrementar los impuestos para inflar todavía más el gasto superfluo. Puede que todo esto no sea improvisación, como repite Zapatero, pero entonces sólo cabría pensar que estamos ante el plan de una mente malévola empecinada en arruinar la economía de los españoles.