El sector financiero español está pagando las consecuencias de la intervención de los partidos políticos en las cajas de ahorros. Durante la época de bonanza, estas entidades financieras cometieron la imprudencia de destinar el 70% de sus recursos a financiar proyectos inmobiliarios, arriesgando los fondos de los depositantes gracias al dinero barato que salía de las arcas del Banco Central Europeo. Y además, también destinaban sus fondos a comprar participaciones industriales, logrando el control de varias multinacionales españolas.
Las cajas dirigidas por políticos y sindicatos han estado compitiendo de forma desleal con los bancos tradicionales que, a pesar de formar un oligopolio intervenido y regulado lejos del mercado libre, carecen de las injerencias propias de un modelo de gestión pública. Sirva como ejemplo de esta mala praxis de las cajas de ahorros la financiación del aeropuerto de Ciudad Real, los préstamos a parques temáticos en quiebra o los patrocinios de equipos de fútbol en números rojos, entre otras barbaridades.
Cuando las decisiones de las entidades no responden a criterios de rentabilidad y eficiencia, sucede lo que ha pasado en Caja Castilla-La Mancha (CCM), que todos los responsables de la caja dan el visto bueno a créditos de alto riesgo que, finalmente, resultan impagados. Estos préstamos se conceden en muchas ocasiones a los partidos e incluso directamente a los propios políticos, eso sí, a tipos de interés inferiores a los que existen en el mercado.
Hasta ahora el dinero del ladrillo había tapado las vergüenzas de este sistema dual en el que lo público y lo privado compiten en el mercado más regulado del mundo. Cuando los precios de los activos inmobiliarios subían sin parar –por los bajos tipos– a los directivos no les importaba jugarse el dinero de sus depositantes en cada compra de suelo o promoción inmobiliaria. Pero tras el estallido de la burbuja, casi todas las cajas medianas y pequeñas están al borde del abismo y cada día tienen dificultades para hacer frente a sus pagos.
Ante esta situación el Gobierno y las comunidades autónomas han decidido esconder la suciedad bajo la alfombra del Presupuesto. Los contribuyentes pagarán los desmanes de los políticos y sindicatos a través del FROB (si lo permite Bruselas), un intento de rescate financiero en toda regla que, además de ser injustificado desde criterios de mercado, supone una estafa para las familias y las empresas.
Nadie conocerá las cuentas reales de las cajas rescatadas y sus directivos no se enfrentarán al peso de la Ley por los desfalcos realizados. De hecho seguirán con sus coches oficiales y sus tarjetas de crédito a costa del erario público, como ha pasado con la intervenida CCM. Todo con tal de ocultar la verdad.
Llegados a este punto, conviene recordar la premisa de Guillermo de Ockham que establece que "en igualdad de condiciones la solución más sencilla es probablemente la correcta". Ahora es el momento apropiado para hacer los deberes y fortalecer el sistema financiero español, sacando a los políticos de las cajas de ahorros.
Privatizando se podrían eliminar las citadas distorsiones provocadas por la politización en la gestión de estas entidades. Sería necesario modificar el actual sistema de emisión de cuotas participativas, otorgándoles derechos de voto. Mediante la venta de estas cuotas se cubriría una parte importante de los impagos de los créditos, reduciendo la necesidad de emisiones de deuda pública por parte del Tesoro y mejorando la gestión de las cajas de ahorros.
Entonces, si la solución es sencilla ¿dónde está el problema? La respuesta también es obvia: este tipo de entidades financieras conforman el ejército económico de los 17 Reinos de Taifas y, por ello, no renunciarán a ellas de forma voluntaria. Sólo un banco central independiente y un poder judicial libre de presiones políticas podrían encarar este tipo de reforma con garantías. Es una pena que ambas instituciones no existan en España.