"Un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias normas de la democracia o que conduce a la destrucción de la misma, así como a ignorar los derechos y las libertades que ésta reconoce, no puede prevalerse de la protección de la Convención contra las sanciones impuestas por estos motivos". Así concluía la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, del pasado mes de junio que este lunes ha sido confirmada, tras rechazar sus magistrados el recurso presentado por Batasuna contra su ilegalización.
Aunque este nuevo respaldo de Estrasburgo a la ilegalización de Batasuna y a la Ley de Partidos debe alegrar a todos los demócratas, no podemos olvidar, sin embargo, que los proetarras siguen cobrando del dinero público y siguen detentando cargos de representación política en muchos municipios vascos. La razón de este execrable hecho no obedece, no obstante, a posibles dudas en el pasado sobre una supuesta inconstitucionalidad o una supuesta incompatibilidad de la Ley de Partidos con la Convención Europea de Derechos Humanos, hipótesis que estas sentencias vendrían ahora a refutar. La razón se debió únicamente a la falta de voluntad política de un Gobierno y de su dependiente fiscal general del Estado que, a pesar de estar en vigor una ley de acreditada constitucionalidad, prefirieron no aplicarla a las nuevas siglas de los proetarras para facilitar el proceso de negociación con la banda terrorista.
Aunque en aquella etapa colaboracionista y de "paz sucia", el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, llegara al extremo de denigrar la Ley de Partidos como si de un "Guantanamo electoral" se tratara, lo cierto es que su negativa a que el Tribunal Supremo ilegalizara a la luz de esta ley a los proetarras de ANV se debió exclusivamente a su deseo de no obstaculizar las componendas de entonces entre el Gobierno de Zapatero y la organización terrorista. Y es que, tal y como elocuentemente explicó el ministro de Justicia de entonces, Fernández Bermejo, la ilegalización no procedía hasta que la "jugada lo aconseje".
Aunque el Gobierno de Zapatero esté ahora en una "etapa de confrontación" con ETA –por utilizar la elocuente expresión del propio Rubalcaba– lo cierto es que el Ejecutivo y la Fiscalia General del Estado no están haciendo todo lo que está en su mano para enmendar aquella infamia. Su respaldo actual a la aplicación de la Ley de Partidos y la consiguiente ilegalización de ANV no borra su persistente pasividad a la hora de disolver los ayuntamientos a los que los proetarras accedieron en el pasado con su repugnante condescendencia. Las sentencias de Estrasburgo no vendrían en este sentido más que a reforzar la posibilidad de una disolución que ya encuentra amparo en la Constitución y en la Ley de Bases del Régimen Local, legislación esta última que de hecho ya ha sido aplicada y con menor motivo en el ayuntamiento de Marbella.
Esperemos que el PP no olvide el pasado de este Gobierno y que insista en la inmediata disolución de estos ayuntamientos. Entre otras cosas, porque nada garantiza que los proetarras bajo nuevas siglas puedan burlar nuevamente la Ley de Partidos si el Gobierno y la Fiscalía nuevamente se resisten a aplicarla.