En los últimos días, el Gobierno está vendiendo a la opinión pública que va a apoyar una reforma laboral en colaboración con sindicatos y patronal, con el objetivo de paliar la sangría laboral española. El método escogido es la reducción de la jornada de trabajo manteniendo una parte de la prestación por desempleo, una vía que desde Moncloa se denomina "modelo alemán". Desde luego es un buen nombre publicitario, pero nada más que eso.
Todo empezó con unas declaraciones del líder de CCOO, que planteó la posibilidad de incorporar esta herramienta a la normativa laboral española. Un día después, la vicepresidenta económica aplaudió la propuesta y la hizo suya, logrando además el beneplácito de la patronal CEOE.
Pocas horas más tarde, el que durante casi 14 años fue alcalde de Hospitalet y que desde abril de 2008 detenta el cargo de ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, vio de repente la luz y decidió sumarse a la iniciativa. Como si de Pablo de Tarso se tratara, pasó de afirmar que el mercado español no necesita reformas a ser uno de sus principales defensores. Y es que todos los platos que salen de la cocina sindical le gustan a Corbacho, un político que sin duda pasará a la historia como el ministro del paro.
Así, con el acuerdo de los agentes sociales (nadie le pregunta al 90% de los trabajadores que no están representados por CCOO y UGT) las reuniones para restablecer el "diálogo social" girarán en torno a esta cuestión. Pero antes de proseguir, señalemos que el llamado "diálogo social" es un eufemismo por el cual CEOE y los sindicatos más subvencionados de España deciden el futuro de los casi 18 millones de trabajadores y de las empresas con un sistema de negociación colectiva que, como recuerda el Banco de España, crea desempleo.
Pues bien, con estos mimbres la propaganda sindical, patronal y socialista va a asegurar en los próximos meses que se va a reformar el mercado de trabajo a la alemana. Nada más lejos de la realidad: se trata simplemente de un parche inútil que sólo servirá para calmar a algunos críticos, limpiar la conciencia de ministros que parecen analfabetos y permitir a periodistas del régimen escribir alabanzas a sus señores del poder.
La causa del error está en la propia esencia de la reforma. El modelo alemán no se puede aplicar con éxito en nuestro país. Una de las causas es el diferente sistema de negociación colectiva. En España existe mucha atomización de los convenios, lo que dificulta la tarea de homogeneizar las condiciones laborales. Sin embargo, la centralización germana (el sistema Kurzabeit) permite que los mandatos de los convenios se apliquen de forma casi inmediata, algo que en España es imposible con los casi 6.000 textos anuales que se negocian y las 17 normativas autonómicas.
Pero eso no es todo. El sistema "alemán" ya está previsto en nuestra regulación. En España tienen derecho a prestación por desempleo aquellos afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que suponga la "reducción temporal de la jornada ordinaria de trabajo en, al menos, una tercera parte, siempre que el salario sufra una reducción análoga". Es decir, ya se combinan prestaciones para cubrir las horas perdidas con la jornada reducida como alternativa al despido. No obstante, a diferencia de Alemania, es una opción que los empresarios desestiman porque, al contrario que en España, el Estado alemán compensa también las cotizaciones sociales de las empresas.
Sólo por estas dos cuestiones se puede afirmar que el "modelo alemán" no va a mejorar el denostado mercado laboral español. Si además se incluye en el análisis el elevado gasto público que genera la medida, la falta de incentivos para que las empresas adopten el nuevo sistema y la imposibilidad material de aplicar estas reducciones de jornada en todos los sectores de actividad, entonces la cuestión está clara.
En lugar de vender humo, el Gobierno debería hacer caso a todos los organismos nacionales e internacionales que solicitan una reforma en profundidad con recetas claras y efectivas: abaratar el coste de la contratación, reducir el importe de indemnización de los despidos (España lidera elránking europeo), acabar con el sistema de negociación colectiva, ligar los salarios a la productividad (en lugar de al IPC) y acabar con el poder inusitado que tienen sindicatos y patronal en la vida de las personas. Pero, claro, para hacer todas estas cosas hay que ser lo suficientemente valiente como para soportar el coste en las urnas y mínimamente ilustrado como para entender el meollo del problema. ¿Conocen ustedes a algún ministro que cumpla estos dos sencillos requisitos? Yo, desde luego, no.