A mí la propuesta de Rajoy de ofrecer un pacto al PSC no me parece mal. Me parece mal que un partido se presente a las elecciones anunciando pactos y no por sí solo, pero eso es otra cosa. Es más, ofrezco una entente a los que consideran que esto es un golpe de un mago de la estrategia política y que ha descolocado a CiU, frente a los que pensamos que llamar a esto ocurrencia es atribuirle una intencionalidad excesiva. Rememos pues en la misma dirección.
Sorprende que el PP y el PP de Cataluña no quieran saber nada de la izquierda no nacionalista que representan Ciudadanos y Rosa Díez, y, en cambio, se ofrezca un pacto a una presunta izquierda ciertamente nacionalista; pero incluso eso lo podemos pasar por alto. Es más, pasaré por alto también que esta cogitación tenga por objeto poner celosillos a los convergentes, cuando lo que debería pretender es derrotarles. Pero sigamos siendo positivos.
Efectivamente, hay que recordar a los Montilla, Maravillas Rojo, Corbacho o a la señora Chacón que si no son nacionalistas, no deben comportarse como tales; y ofrecerles una salida. Y si la respuesta es el rechazo de Pepe Zaragoza o del mismo Montilla, pues dirigirse a los votantes socialistas y recordarles que con su voto se está haciendo nacionalismo y se les está multando por cumplir la ley. Está todo inventado.
Y para que vean que mis intenciones son buenas, les diré en qué cuestión pueden empezar a ponerse de acuerdo. En Cataluña, para tapar otras cosas, se ha retomado un viejísimo debate sobre la ley electoral propia. Una madeja es una tontería al lado del problema que se plantea. Por una lado, en el Gobierno de la Generalitat, PSC e Iniciativa apoyan la propuesta lanzada por el lobby próximo a Maragall, llamado Ciutadans pel Canvi, alos que algún gamberro denominó ciutadans pel càrrec [ciudadanos por el cargo]. No confundir con Ciudadanos ni con la asociación Ciutadans de Catalunya. Proponen que la ley electoral respete lo más posible el principio "un ciudadano, un voto" y a mí, aunque venga de este grupo de presión, me parece bien. Por el contrario, CIU y ERC piden, en su ensoñación colectiva, que se respete la representatividad de los territorios; vamos, que valga lo mismo un voto en el Parque de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que doscientos mil en Barcelona. Dicho sea de otra manera: que voten las piedras. Es decir, el tripartit está roto en este particular, con el agravante de que el ponente de la ley es de ERC. Y sumen a este lío que el nuevo estatuto, que vive en el limbo de la constitucionalidad, crea las siete provincias catalanas, llamadas veguerías.
Para que se hagan una idea, en las autonómicas de 2006, a CIU y a ERC, cada diputado les costó unos 19.000 votos. 21.000 a PSC, 22.000 al PP, 23.000 a Iniciativa y –pobres hasta para esto– casi 30.000 a Ciudadanos. Si a CiU le hubieran costado los diputados lo que a Ciudadanos, apenas tendría treinta. Y si Ciudadanos hubiera comprado los votos al precio de CiU, tendría cinco.
Pues nada, la propuesta, en este artículo cargado de buenas intenciones, es que PP y Ciudadanos apoyen a socialistas y ecosocialistas. Problema principal: que la herencia de otros tiempos, ahora retomada, impide al PP sumar con nadie. Entre los cuatro grupos suman sesenta y seis. No me dirán esta vez que no lo he intentado.