Menú
Juan Ramón Rallo

Desmantelando la economía

Todas sus demandas son inaceptables y más que a evitar el desmantelamiento del "campo" se dirigen a desmantelar a los consumidores y a los contribuyentes para no reconocer que una parte significativa del campo se encuentra en abierta bancarrota.

Cuando la política de la subvención se extiende por una economía, es complicado que algún sector acepte quedarse fuera. Al fin y al cabo, si todos viven de la sopa boba, ¿por qué motivo debería quedarme fuera del convite? Si los demás viven de mis impuestos, ¿por qué no intentar vivir a costa de los impuestos de los demás?

Por supuesto, el enloquecimiento colectivo de una sociedad no modifica las ruinosas consecuencias de tales dádivas públicas, simplemente las recubre con un manto de aquiescencia general gracias al cual el Estado, como ya previera Bastiat, alcanza su auténtica y plena naturaleza: la ficción a través de la cual todo el mundo intenta vivir a costa de los demás.

La manifestación de agricultores que ha tenido lugar hoy en Madrid no es más que otro destello de esa sociedad dependiente y parasitaria en la que Zapatero ha convertido a España. Todas sus demandas, salvo la referente a la fiscalidad, son inaceptables y más que a evitar el desmantelamiento del "campo" –signifique esto lo que signifique– se dirigen a desmantelar a los consumidores y a los contribuyentes para no reconocer que una parte significativa del campo se encuentra en abierta bancarrota y que necesita reconvertirse.

Partiendo de la consideración del campo como un sector estratégico –¿Y cuál no lo es? ¿La eléctrica que permite alumbrar nuestros hogares y poner en funcionamiento la maquinaria industrial? ¿La armamentística que habilita nuestra defensa? ¿La textil que nos proporciona vestimenta? ¿La informática que permite procesar millones de datos y solventar en muy poco tiempo problemas de enorme complejidad? ¿Las telecomunicaciones que facilita la transmisión de información por todo el mundo? ¿Las automovilísticas que fabrican los vehículos con los cuales transportamos a las personas y a las mercancías por nuestro territorio y fuera de él? ¿Las constructoras que edifican los inmuebles en los que habitamos? ¿Las farmacéuticas que nos proporcionan los medicamentos con los cuales superar nuestras enfermedades? ¿Las petroleras que extraen y refinan el combustible con el que movilizar nuestro aparato productivo?– solicitan "precios justos" para su sector, mayores ayudas bajo la cobertura de la PAC y la promoción de las energías renovables (¡tonto el último que se sume a la burbuja!).

Pero me temo que los precios justos no son otros que aquellos que los consumidores a quienes quieren venderles sus productos están dispuestos a pagar. Si esos precios resultan demasiado bajos como para que les salga a cuenta seguir labrando y cultivando sus campos, tal vez es que deberían cambiar de sector. Del mismo modo en que la agricultura se contrajo desde el 90% del PIB en el s. XIX a apenas el 5% en el s. XXI; del mismo modo en que centenares de empresas quiebran cada día en España por ser incapaces de atender a su demanda; del mismo modo en que nadie debería medrar en el mercado a costa de esquilmar a los demás.

Bastante daño ha hecho ya la PAC –dentro y fuera de nuestras fronteras– como para extender su régimen más allá de 2013. Puede que el campo haya sobrevivido merced a producir centenares de miles de litros de leche u otros tantos kilos de trigo que posteriormente deben destruirse para no deprimir los precios o merced a primar a los agricultores para que dejen las tierras en barbecho –esto es, exactamente por no hacer nada–, pero al tiempo hemos impedido que el sector se readaptara –que redujera su tamaño para incrementar el de otras industrias– y que los consumidores puedan minorar de manera significativa el coste de su cesta de la compra.

Malamente prosperará a una sociedad que pretenda enriquecerse volviendo los bienes de consumo más inaccesibles y escasos para el público. De nuevo, Bastiat ya lo entendió: aquellos efectos no visibles de las intervenciones públicas son por lo general mucho más dañinos que las consecuencias inmediatamente constatables. Por ello, los políticos demagogos pueden comprar votos arruinando la economía: basta con que vendan como propios los pobres logros de las intervenciones y como ajenos sus nefastas consecuencias.

La economía española no necesita "sectores estratégicos" incapaces de sobrevivir si no es expoliando a los sectores competitivos, a aquellos que crean riqueza por sí solos, a aquellos que pueden vender a bajos precios productos de calidad a los consumidores y aún así obtener pingües beneficios. Si todos los que fracasamos en un proyecto empresarial ponemos la mano delante del Ministerio de Economía, como sentenciara Thatcher con respecto al socialismo, "a la postre se acaba el dinero".

Puede que este Gobierno manirroto e izquierdista se merezca sufrir la manifestación y el desprecio de unos agricultores famélicos de subvención. El resto de los españoles, que seríamos al final quienes abonaríamos la factura de sus exigencias, desde luego no.

En Libre Mercado

    0
    comentarios
    Acceda a los 1 comentarios guardados