El Gobierno del PSOE siempre ha cultivado una amistad más unilateral que recíproca con la autocracia marroquí. Numerosas han sido las ofensas que, a lo largo de los años, nuestro vecino del sur ha ido infligiendo a los intereses españoles –con la mirada siempre puesta en la ocupación de Ceuta y Melilla y, por qué no, de Canarias– y que nunca contaron con una respuesta a la altura de las circunstancias, especialmente desde que Zapatero llegó a La Moncloa.
Marruecos sabe perfectamente que las posiciones de la democracia española no se caracterizan precisamente por su firmeza y que los distintos Gobiernos, especialmente los de signo socialista, siempre estarán dispuestos a tragar cualquier sapo con el objetivo de evitar un conflicto diplomático. Por eso recurren constantemente a políticas de hechos consumados que les permitan ganar batallas prácticamente sin haberlas librado. Una vez la monarquía alauí da un paso adelante, España rara vez le hace dar un paso atrás; por lo general, tratamos de buscar un, muchas veces, rocambolesco encaje de la nueva situación dentro de nuestro ordenamiento jurídico (como sucedio incluso con Perejil). Es el modelo de la Marcha Verde que tan buenos resultados le dio a Hassan II y que durante su reinado tan buenos le está dando a su hijo Mohammed VI.
El caso de la activista saharaui Aminatu Haidar es un claro ejemplo de ello. Marruecos tenía pensado desde un primer momento expulsarla a España una vez regresara de Nueva York, donde había acudido a recoger el Premio Coraje Civil 2009. Haidar incomodaba a la autocracia magrebí y decidieron recluirla en España, lejos de la región del Sahara Occidental por la cual se rebela.
Así, a mediados de noviembre, después de llegar a Aaiún, fue remitida a Lanzarote por las autoridades del país; movimiento que contó con la tibia oposición del Gobierno español y pese al cual Marruecos decidió proseguir con la operación. Moratinos habló por teléfono con su homólogo marroquí, pero de poco o nada sirvió. La monarquía alauí volvió a utilizar su política de hechos consumados ante la impotencia voluntariosa del Ejecutivo español. Puede que, al contrario de lo que dice Haidar, el Gobierno español no sea un cooperador necesario por acciones propias, aunque desde luego sí deviene tal por omisión.
Marruecos nos ha convertido en su particular celda de reclusión para Haidar y nos ha forzado a que tengamos que buscar algún tipo de solución dentro de nuestro ordenamiento jurídico, aun cuando sea retorciendo nuestro derecho positivo.
En este sentido, el rechazo de Haidar a que se le conceda la nacionalidad española, esto es, a "convertirse en extranjera en su casa", podrá ser una estrategia discutible y de final incierto –especialmente al combinarla con una huelga de hambre que por la desidia del Ejecutivo español ya alcanza las dos semanas y que ha debilitado enormemente a la activista–, pero que desde luego retrotrae el problema a su origen: la necesidad de un rechazo firme, radical y político por parte de las autoridades españolas a que Haidar fuera trasladada y permanezca en nuestras tierras en contra de su voluntad.
Se ha sorprendido Moratinos de que la activista saharaui haya rechazado sus ofertas. En realidad, lo realmente sorprendente es que el Gobierno haya aceptado sin rechistar convertirse en el presidio septentrional de Marruecos.