El mes de noviembre ha certificado que la sangría laboral, lejos de detenerse, avanza a velocidad de vértigo. Más de 2.000 personas pierden su empleo cada día según los registros que ofrece el Ministerio de Trabajo, unos datos que han sido previamente cocinados y manipulados. Bruselas no se cree los cálculos que hace el departamento ministerial que dirige Celestino Corbacho, y no es extraño: hay casi medio millón de desempleados en el limbo que, para el ministro, son "no ocupados" que no se consideran "parados". ¿Entienden ustedes algo?
El que será recordado como el ministro del paro es un maestro a la hora de hacer propaganda y, contra todo pronóstico, se ha atrevido a valorar sus estadísticas el mismo día que las ha publicado (algo que siempre deja en manos de su número dos: Maravillas Rojo). Corbacho dice que "estamos en una meseta" en lo referente al desempleo. Claro que estas declaraciones se pueden realizar si a uno le importa poco, o nada, que más de 1,5 millones de parados sean de larga duración, que las solicitudes de prestaciones se disparen un 63% y que la Seguridad Social pierda 61.000 afiliados en un mes.
En resumidas cuentas, a pesar de que Corbacho oculte parados bajo la alfombra, la tasa de desempleo alcanza el 19,3% de la población activa, con más de 4,4 millones de personas en paro. Lo más preocupante es que ya sólo hay 17,8 millones de trabajadores, lo que pone en riesgo el sistema de protección público, especialmente el que depende de la Seguridad Social.
Una muestra de que el mercado laboral nacional está en barrena es que todos los sectores despidieron más empleados de los que contrataron en noviembre, destacando el aumento del 2,2% en el colectivo de personas "sin empleo anterior". La explicación para este fenómeno es sencilla, la actual regulación del mercado de trabajo pone barreras a la entrada de nuevos trabajadores; este hecho, junto con el enorme poder que tienen los sindicatos para defender a trabajadores fijos no productivos, es el cáncer de la economía española, como ha recordado recientemente The Economist.
A pesar de que la consigna oficial que sale de La Moncloa es seguir negando la posibilidad de realizar una reforma laboral profunda, durante los próximos meses vamos a observar un cambio en la línea del discurso del Gobierno, especialmente de la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Va a vender una supuesta modificación de la regulación laboral como la gran reforma que necesita la economía (junto con la Ley de Estafa Sostenible), pero no van a cambiar lo esencial: la "ultraactividad" de los convenios colectivos, el enorme coste del despido y la contratación y los privilegios de los sindicatos y la patronal, que este año se han llevado más de 420 millones de los bolsillos de los ciudadanos.
Mientras, seguiremosluchando con Letoniapara ver quien tiene el dudoso honor de ganar la carrera del desempleo en Europa, escucharemos a ministros defender propuestas normativas que ni analizan ni comprenden y seguiremos haciendo el ridículo fuera de nuestras fronteras. Eso sí, todos ustedes disfrutaran de "paz social" a cambio de un empobrecimiento de la sociedad, con la excepción, claro está, de la casta parasitaria que conforman políticos, sindicalistas y los empresarios a los que el Gobierno amamanta con subvenciones y que eliminan a la competencia.¡Y todavía hay gente que piensa que estamos en un mercado libre!