Las tres últimas medidas emanadas del Gobierno de Zapatero y de su entorno son una muestra más de que este periodo gubernamental está agotado. Me refiero a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Economía Sostenible, y la revisión de la Ley de Libertad Religiosa. Y esto sin contar el atentado a la garantía de los derechos que supone la utilización de SITEL, o el papelón internacional en la respuesta a los piratas somalíes.
El rechazo generalizado a la inoportunidad y al contenido de la nueva ley del aborto ha sido tan masivo como desoído. Del mismo modo, la medida ha dejado al descubierto la inutilidad de un Ministerio, el de Igualdad, cuyo cierre sería un rasgo de honestidad gubernativa y un acto de solidaridad en tiempos de ajuste de las economías familiares. La enorme distancia que existe entre la política de dicha institución y el sentir de una parte considerable de la ciudadanía ha quedado en evidencia, pero no ha sido suficiente para que el Gobierno rectificara. Es decir; les importaba más el efecto político y mediático de la ley de cara al enfrentamiento con el adversario y dar cumplida cuenta con los sectores más radicales y marginales de la izquierda, que sopesar los efectos sociales de dicha medida o si respondía a la opinión, sentimientos e intereses de la sociedad.
La Ley de Economía Sostenible se presentó como la llave para sustituir "un modelo productivo basado en el ladrillo" y la clave para salir de la crisis con otra fórmula económica que cumpla, además, con los requisitos ecologistas. Y la primera medida popular con la que la ciudadanía se encuentra es la de entrometerse en la vida de cada individuo que navega por internet para recortar los derechos individuales, descargando en una institución privada, la SGAE, el cumplimiento de la norma. La torpeza gubernamental y el desconocimiento profundo de la red han provocado la rápida y contundente reacción de los internautas. La fallida escena de salón con especialistas y blogueros conocidos que se ha mantenido hoy ha vuelto a dejar en evidencia a un Gobierno que sigue pensando en satisfacer a sus propagandistas, más que en atender a los problemas del sector.
Lo último es la aprobación en comisión parlamentaria de una proposición de ERC para retirar los crucifijos de las escuelas, presentándolo el PSOE como consonante con el espíritu de la próxima reforma de la Ley de Libertad Religiosa. Y lo presentan diciendo que lo hacen para proteger la pluralidad social, al tiempo que le dan la espalda al principal partido de la oposición, el mismo que representa a diez millones de votantes y, por tanto, constituye un elemento decisivo de dicha España plural.
La obsesión de la izquierda por enfrentarse con los católicos es tan vieja como cansina. El Gobierno lo hace no tanto para desviar la atención, como por azuzar el enfrentamiento y levantar a las huestes propias. Sin embargo, tan sólo han aplaudido los de siempre, los más extremistas. Esta obcecación no hace olvidar a la gente que el PSOE prefiere la alianza con ERC, que desprecia el marco constitucional español y pretende continuamente su ruina.
La imagen es la de un Ejecutivo que gobierna de salón, mostrándose tan agotado en proyectos como en capacidad de convicción. La falta de confianza de la ciudadanía en el Gobierno coincide con el discurso y la acción de unos políticos gobernantes que parecen asistir impertérritos a los problemas reales de la sociedad. No hace falta más que oír a Leire Pajín decir que "sólo" va a cobrar 6.000 euros al mes como senadora, tras lo cual ensordecen los palmeros.
Esto está agotado. En Génova calientan motores, pero poco más.