Poco tiempo después de llegar a La Moncloa, Zapatero declaró que en seis meses solucionaría el histórico contencioso del Sahara Occidental. Seis años después, el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario continúa enquistado, pero Zapatero ha culminado su traición a la causa saharaui. La crisis desatada por la deportación por parte de las autoridades marroquíes de la activista Aminetu Haidar a Lanzarote ha desvelado mejor que ningún otro episodio hasta qué punto el Gobierno se siente desvinculado de la posición tradicional del socialismo español en este conflicto (una posición pro-Polisario que sigue siendo ampliamente mayoritaria en su base social) y ha decidido entregarse por completo a la causa de un régimen alauita más intransigente que nunca.
Zapatero se ha convencido de que la vida de Haidar no vale un contratiempo en su relación con Marruecos. De esta forma, el Gobierno se ha hecho cómplice de una flagrante violación de los derechos humanos que condena a esta activista a una pena de exilio sin haber cometido delito alguno. El Ministerio del Interior español violó la legalidad al permitir la entrada de Aminetu Haidar en nuestro territorio sin tener pasaporte. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido después incapaz de que Marruecos readmita a esta ciudadana. Tampoco ha habido una presión excesiva para lograrlo. Ni siquiera ha habido una protesta formal, ni el embajador en Marruecos ha sido llamado a consultas. El vodevil de repatriación de Haidar organizado este fin de semana ha añadido alguna dosis de indignidad a esa manifiesta impotencia. El Gobierno se ha hecho con todo ello responsable involuntario del destino de esta mujer.
Marruecos es un país esencial en nuestras relaciones exteriores. Una buena relación con nuestro vecino del sur es fundamental para salvaguardar nuestros intereses. La cooperación de Marruecos en la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal o el terrorismo yihadista resulta vital para nuestra seguridad. Pero es un error plantear la relación con Marruecos desde una posición de debilidad y cesión constante. Una buena relación debe estar fundamentada en la voluntad de ambas partes y en la reciprocidad. Si la cooperación con Marruecos es importante para España, y lo es, la relación con la Unión Europea es aún más esencial para el reino alauí. La primera norma que debería tener el Gobierno para afrontar la relación actual es el respeto mutuo. La experiencia de los gobiernos de Aznar es un buen ejemplo de cómo es posible defender con firmeza algunos principios, empezando por el de nuestra soberanía e integridad territorial, al mismo tiempo que se mantiene una buena cooperación en áreas de mutuo interés.
Por otro lado, España tiene una responsabilidad histórica ineludible en el conflicto del Sahara. Nuestra posición debe basarse en un respeto escrupuloso por la legalidad internacional, la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y una neutralidad activa que contribuya a encontrar un acuerdo aceptable para ambas partes. No se trata de caer en posiciones utópicas como las que tradicionalmente defiende la izquierda, pero tampoco de sacrificar todos nuestros principios en función de intereses que difícilmente pueden defenderse desde la claudicación de esos principios.
El Gobierno tiene una obligación no sólo política sino también moral para solucionar el caso de Aminetu Haidar. Lo debe hacer desde una posición de firmeza frente a las autoridades de Marruecos que permita subsanar el error inicial de dejarla entrar en nuestro territorio. Lo debe hacer además buscando una mayor complicidad de la comunidad internacional. En este sentido, sería necesario hacer gestiones para que la Administración Obama se implique en la solución de esta crisis, porque la presión norteamericana es de los mecanismos más efectivos para poder romper la actual cerrazón de Marruecos. Pero sobre todo, es preciso que Zapatero se implique a fondo en la resolución de este problema. No es de recibo su actitud de mirar para otro lado. Muestra, además de una gran torpeza política al no medir la trascendencia del caso, una limitada talla moral como gobernante.