Este año, dos manifestaciones han aclarado un asunto interesante para la vida social y política española, como es la relación entre el poder político y la sociedad civil. A mediados de diciembre los sindicatos de clase –o más exactamente una parte de sus liberados– se manifestaron a favor del Gobierno en tiempos de crisis. Un mes antes, una manifestación masiva había ocupado el centro de Madrid en contra del aborto.
Además del objetivo explícito de apoyar al Gobierno que sigue los consejos de los sindicatos, los subvenciona con largueza y les permite vivir del presupuesto público, la primera tenía algún otro objetivo. Uno era tomar posiciones contra los empresarios. El otro, prevenir cualquier posible manifestación contra la política económica del Gobierno. La izquierda se manifiesta para impedir que se manifieste la gente, la sociedad. Demasiado peligroso. La coartada bullanguera, eso sí, la ponen las banderas regionalistas, alguna republicana y los titiriteros de la ceja, espuma cutre del rebaño apesebrado.
La manifestación contra el aborto fue una manifestación contra la ley del Gobierno socialista y por tanto contra el Gobierno socialista. Sin embargo, en la estrategia que ha guiado la acción de las organizaciones que vienen esforzándose por movilizar la opinión pública en este asunto se percibe otra preocupación. No apelan a la política, ni a la ideología. Apelan a las convicciones de las personas, a sus creencias o a la razón. La política vendrá después, si es que viene. En la manifestación, como es natural, abundaba un símbolo de unidad como es la bandera nacional.
En este último caso, la manifestación culminaba una campaña de movilización y participación de las personas en la cosa pública. En la primera, lo contrario: una larga empresa de desmovilización. La paradoja culmina por fin muchos años de evolución social y de voluntad política.
Tradicionalmente, se viene estableciendo una distinción fundamental, en este terreno, entre Estados Unidos y los países europeos (al menos los continentales). En Estados Unidos existe una tradición asociativa antigua y poderosa, que desconfía del Gobierno y pone el acento en la acción de las personas y los grupos, movidos por el interés general o por sus intereses particulares. En los países europeos reina una cierta apatía en la sociedad civil. Partiendo de esa constatación, los partidos de izquierda, siempre estatistas, han tratado de poner en marcha un movimiento asociativo. Este intervencionismo ha generado toda clase de incentivos perversos. Han acabado en la paradoja de la manifestación de liberados sindicales a favor del Gobierno. La burocracia sindical se manifiesta para revindicar sus privilegios y evitar que nadie se mueva contra la política que le favorece.
Al margen de los clásicos movimientos sociales cristianos, los partidos de centro derecha en España han mantenido una relación más complicada con los movimientos sociales. Tienen dificultades a la hora de crearlos, las tienen también a la hora de canalizarlos, y darles un rostro político. Estas dificultades se entienden porque no hay simetría entre un lado y otro del espectro político: la izquierda suele ser una máquina bien engrasada de producción ideológica y de intereses. La derecha siente más reparos e incluso no quiere hacerlo, ya sea por no creer que ese sea su función, o bien porque desconfía de esos movimientos y de una autonomía que no pueda controlar.
El ejemplo norteamericano indica que a pesar de toda su tradición de asociacionismo y participación, no todos los movimientos sociales son allí espontáneos. La ATR, una de las organizaciones republicanas más militantes contra las subidas de impuestas, fue fundada por un joven turco del Partido Republicano a petición de Reagan. La libertad de maniobra que reina en la ATR es gigantesca: allí no se censura nada –lo mismo ocurre en otras manifestaciones de la derecha norteamericana–, pero el Partido Republicano se mantiene al tanto de lo que allí se expresa, asiste a las reuniones, toma la temperatura e incorpora ideas, propuestas y personas. Es la existencia de ese sustrato y, al mismo tiempo, la permeabilidad del Partido Republicano ante estos movimientos, que en Europa parecerían excéntricos, casi del orden de lo freaky, lo que ha permitido la rapidez con la que se ha organizado la oposición a las medidas de Obama.
En España estamos en una situación distinta. Ahora bien, el movimiento cívico, tan presente en las calles y en la vida pública durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, no se ha extinguido. El PP ha sabido favorecer algunas, importantes. Y siguen actuando las asociaciones de víctimas del terrorismo, las movidas por los derechos lingüísticos, las que defienden la libertad en la enseñanza contra la imposición ideológica o, para volver al principio, las que defienden la vida. Esto sólo por hablar de aquellas que intentan trasladar la reflexión moral a la vida pública. También hay fundaciones, institutos y muchas organizaciones de muy variada índole, en particular las múltiples formas de relación que ha hecho posible internet. Es una gigantesca riqueza, en buena medida desaprovechada.
El centro derecha español no aspira, como es lógico, a imponer al conjunto de la sociedad su proyecto de cambio, utilizando para eso una democracia que la izquierda considera un simple medio al servicio de un objetivo ideológico. Pero que el centro derecha tenga más bien la ambición de representar a una sociedad plural, dinámica y a veces contradictoria no tiene por qué llevarle a desdeñar o a recelar de todos estos movimientos. Al contrario. Podría mantener un contacto permanente con ellos y esforzarse por escucharlos e integrarlos, en la medida de lo posible, en un proyecto político de amplio espectro, como naturalmente es el suyo. Y tiene instrumentos para ello, como Nuevas Generaciones, en las que participa mucha gente que quiere dar salida práctica, con la generosidad propia de la gente joven, a la vocación de participar en la vida pública.