El presidente del Gobierno ha rechazado el pacto económico que le ha ofrecido Mariano Rajoy porque, según dice, los principios ideológicos de ambos partidos mayoritarios son radicalmente distintos y, por tanto, ante la crisis económica, las soluciones que ambos ofrezcan han de ser forzosamente incompatibles. El pluralismo político propio de un sistema democrático, ha añadido el presidente, exige que los partidos políticos defiendan su propio proyecto que podrán llevar a cabo cuando los ciudadanos les den su confianza para que gobiernen.
No ha podido ser más claro Zapatero. Cada cual a lo suyo, yo soy el que gobierna, tengo una ideología y un proyecto, y, por tanto, las decisiones económicas las voy a tomar yo. Así que tú, Mariano, a lo tuyo, que es hacer oposición. Expón tu proyecto, cuenta a los ciudadanos cómo arreglarías esta situación y, si les convences, que te voten.
Lo que ya no está tan claro es por qué el presidente del Gobierno, mientras niega toda posibilidad de pacto económico con el PP, se empeña en firmar con Mariano Rajoy un pacto por la educación. Es difícil entender qué es lo que mueve a Zapatero a mendigar ese pacto cuando sólo hace tres años que aprobó la Ley Orgánica de Educación con el único propósito de que la Ley de Calidad del Gobierno de Aznar no llegara nunca a implantarse. Zapatero no estaba dispuesto a renunciar a ninguno de los dogmas pedagógicos que habían inspiraron la LOGSE, por muy probado que estuviera que precisamente esos dogmas eran la causa del destrozo de la enseñanza en España. No podía permitir que un tachón conservador empañara el monopolio que los socialistas ejercen sobre la educación desde hace veinte años.
Si ahora el Gobierno ha decidido hacer algo que realmente mejore la calidad de la enseñanza en España, ¿por qué no lo hace? Si está dispuesto a adelantar la Formación Profesional a los catorce años no necesita pedir el apoyo del PP sino el de sus pedagogos progresistas, que probablemente lo considerarían un grave atentado contra la equidad. Si quiere concertar el Bachillerato, que lo haga, las patronales de la enseñada concertada le aplaudirán y el PP no opondrá la menor resistencia, y si está dispuesto a devolver la autoridad a los profesores, ¿por qué ha rechazado la Ley de Autoridad que ha presentado el PP en el Congreso?
No se entiende ese empeño de los socialistas por ir ahora de la mano del Partido Popular, que no ha recibido más que desprecio y humillaciones de una izquierda arrogante que se ha considerado y se considera la única con autoridad moral para decidir qué educación conviene a los ciudadanos de una democracia.
Resulta difícil creer en la buena fe del Ministro de Educación ahora que el fracaso del sistema educativo socialista se hace imposible de ocultar. Y resulta mucho más difícil cuando el presidente del Gobierno ha dado sobradas muestras de que más que la formación intelectual de los futuros ciudadanos, lo que le interesa es su educación moral, política e ideológica.