AENA es una empresa pública con pérdidas anuales cuantiosas y una deuda acumulada que ronda los siete mil millones de euros. En una situación de recesión económica es evidente que la principal necesidad de una empresa de estas características, aunque tenga al Estado detrás como principal financiador, es reducir los costes de forma drástica. Pero una cosa es aplicar una política racional de costes y otra muy distinta hacer uso de la demagogia más grosera, que es la estrategia elegida por el actual ministro de Fomento, José Blanco, para hacer frente al problema.
En primer lugar, no es cierto que los controladores aéreos españoles ganen los sueldos que Blanco les atribuye y, en todo caso, el ministro debería acusar del despropósito a sus predecesores en el cargo, que voluntariamente aceptaron unas condiciones salariales que, y en esto sí tiene razón Blanco, duplican las de sus colegas de los aeropuertos europeos, a pesar de ofrecer un nivel más bajo de productividad en términos comparativos. En todo caso, acusar a unos trabajadores de tener unos sueldos desproporcionados suena a la peor de las demagogias en boca de los políticos, que en plena crisis siguen gozando de sus habituales prebendas a despecho de una productividad que roza el cero absoluto, como puede comprobar el ciudadano en las imágenes de un hemiciclo que permanece habitualmente desangelado excepto en ocasiones puntuales.
El problema con los controladores aéreos es que gozan de un poder de intimidación que no debería concederse a ningún grupo de trabajadores, por más importante que sea su función para el país. Hace muy pocos días, el presidente del sindicato que agrupa a la mayor parte de estos trabajadores se jactaba en las páginas de un medio nacional de ser el único colectivo capaz de derribar un Gobierno. Lo peor es que es cierto, pero lo es gracias a que ningún Gobierno ha querido introducir criterios de racionalidad en un sector que es controlado férreamente por una cúpula sindical capaz de determinar muchos aspectos relativos a la prestación del servicio cuya decisión debería recaer en exclusiva sobre la empresa que los contrata y mantiene.
La decisión del Ministerio de poner en marcha el sistema AFIS de control computerizado del tráfico aéreo no va a solucionar el problema, puesto que su uso sólo es posible en aeródromos con escaso tráfico aéreo y, además, resulta ineficiente en condiciones de baja visibilidad.
Urge por tanto dejar de lado la demagogia salarial, como vergonzosamente hace Fomento por boca de su titular, y establecer unos sueldos acordes a la productividad de cada puesto concreto, especialmente en un sector como el de la navegación aérea que ofrece un amplísimo rango de responsabilidades y obligaciones según el aeropuerto en el que se opere. Mientras el ministro dedique su tiempo a comparar su propio sueldo con el de unos trabajadores que tienen en sus manos las vidas de miles de pasajeros, los sindicatos seguirán manejando a su antojo un sector vital para cualquier país avanzado como el nuestro. Y es que en materia de demagogia, ni siquiera un ministro socialista es rival para ellos.